Nuevo choque entre el Gobierno de Madrid y la Generalitat Valenciana. El Consejo de Ministros aprobó ayer dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana. En ambos casos, el Ejecutivo considera que la competencia es de carácter estatal y la comunidad se habría atribuido funciones que no le corresponden. La decisión del ejecutivo central levantó ampollas en la Generalitat. Los socios del Consell del Botànic salieron en tromba a criticar la medida y cuestionaron que, precisamente, se están poniendo en cuarentena las legislaciones mas sociales, piedra angular del ejecutivo que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra.

Sobre el recurso a la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas), el Gobierno recuerda que el Tribunal Constitucional ya reiteró la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético. La ley valenciana establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro, según argumenta el Gobierno. Incide además sobre el régimen económico del sistema energético al mantener el suministro sin retribución del suministrador, y regular los plazos de aplicación, las comunicaciones a realizar antes del corte de suministro, los consumidores a los que no se les podrá cortar el suministro, etcétera, en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal básica en materia de energía (electricidad y gas), y no así en relación con el suministro de agua, que no se ve afectado por la impugnación.

Con respecto al recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos de la Ley valenciana por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana, dedicada fundamentalmente a poner coto al problema de los deshaucios, el Gobierno explica que la norma incurre en extralimitación competencial y, por tanto, invade decisiones que corresponden en exclusiva a los órganos estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil, «bases de la ordenación de crédito, banca y seguros» y «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

Los tres socios del Botànic salieron en tromba a atacar la decisión de Madrid. El socialista Manolo Mata advirtió a Mariano Rajoy que no vamos a consentir que sigan «metiendo el dedo en el ojo de los más desfavorecidos». «Son derechos que ampara la Constitución», explicó el síndic del PSPV. «El PP se vuelve a poner al lado de los poderosos como han hecho siempre que han tenido el poder", criticó Fran Ferri, portavoz parlamentario de Compromís. Antonio Estañ, líder de Podemos, el Gobierno de Madrid intenta frenar que se «amplíen derechos de los ciudadanos y luchar contra la pobreza», y cargó contra el PP porque las dos leyes aprobadas en las Cortes «se pretenden paralizar en su nombre».