Hasta casi el último minuto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, intentó por todos los medios ejercer como «lobby» dentro de las filas socialistas pero también en el mundo independentista para propiciar un acuerdo en la misma línea que impulsaba el lehendakari Íñigo Urkullu: facilitar que Carles Puigdemont convocara las elecciones en Cataluña para antes de Navidad a cambio de frenar la suspensión de la autonomía que venía de la mano de la aprobación en el Senado del 155, un artículo que nunca se había desarrollado en los cuarenta años de democracia. El fracaso de la política condujo a un choque de trenes que, era consciente el jefe del Consell, tenía efectos para la Comunidad. Declaración de independencia en Cataluña y aplicación de la Constitución en grado máximo de dureza. ¿Y ahora qué? ¿Qué impacto tiene ese pulso en la política valenciana? ¿Cómo afecta ese escenario al necesario debate que se tiene que abrir para resolver un conflicto territorial que, como ha venido explicitando Puig o la vicepresidenta Mónica Oltra, va más allá de lo que ocurre en Cataluña?

Hay dos cuestiones que preocupan especialmente en Presidencia de la Generalitat. El arranque de la negociación para la reforma de la financiación autonómica, que lleva bloqueada desde enero de 2014 y a la que en los últimos días el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había dado un nuevo impulso. Y el temor a que la situación que se vive en Cataluña, con posibilidad de que empeore aún más en los próximos días, aliente el discurso del ala más dura del PP para limitar el autogobierno con un proceso de «recentralización», algo que insinúan cargos populares y también sus socios de Ciudadanos. Cuadrar un nuevo sistema de financiación es clave para la viabilidad financiera de la Comunidad, a la cola del actual modelo.

La aplicación del artículo 155 ha facilitado un argumento al Consell que comparten los socialistas y Compromís para ejercer presión en la reforma del sistema pase lo que pase en Cataluña. Precisamente, el artículo 156, justo el siguiente al que sustenta la suspensión de la autonomía catalana, es el que garantiza el sistema financiero de los ejecutivos autonómicos para poder cumplir sus competencias. «Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles», señala textualmente ese artículo casi desconocido de la Constitución que, desde luego, no parece que hasta ahora se cumpla en la Comunidad.

A la Generalitat, en los presupuestos para 2018 que el martes deberían entrar en las Cortes si finalmente hay un acuerdo, le siguen faltando 1.325 millones para cubrir sus competencias aunque las Cortes, en un acuerdo firmado esta misma semana por todos los grupos incluyendo el PP y Cs, elevan esa petición a 1.600 millones. El presidente Puig, durante su intervención del pasado jueves en las Cortes a una pregunta del síndic de Compromís, Fran Ferri, ya entró de lleno a utilizar ese argumento. Recordó que la Constitución es «mucho más» que el artículo 155 y reclamó, efectivamente, la necesidad de que también se aplique el 156. «El Gobierno no cumple este artículo en la Comunidad Valenciana. Es insostenible», denunció Puig.

El presidente de la Generalitat dejó claro que su gobierno está «en una posición de diálogo absoluto» -conseguir cosas haciendo política sigue siendo el objetivo- en materia de financiación autonómica pero considera, en todo caso, que es el momento de acudir a la manifestación del próximo día 18 de noviembre para reivindicar con «seriedad y tranquilidad» una financiación justa. «No vamos a consentir que se siga incumpliendo la Constitución en la Comunidad Valenciana», advirtió Puig, quien a su vez destacó que el problema territorial de España debe resolverse contando con todos. Por ello, detalló, el Consell hará lo posible para que los valencianos tengan lo que merecen y «un futuro bueno para las generaciones futuras».

Pero la necesidad de resolver la cuestión de la financiación choca, sin embargo, con un calendario endiablado para resolver ese asunto antes de acabar el año. Es casi seguro que Mariano Rajoy evite empezar a hablar mientras no se resuelvan las elecciones catalanas, convocadas para el 21 de diciembre. Será poco más de mes y medio de vértigo en Cataluña. La reforma de la financiación puede ser clave para la negociación que se pueda abrir con el nuevo gobierno catalán. Pero, en todo caso, todo ese proceso deberá lidiar con las resistencias de grupos del PP que piden atar en corto a los gobiernos autonómicos, algo que se ha evidenciado con las amenazas veladas de aplicar el 155 en otras autonomías. «Riesgo de recentralización», advierten en el Consell. Un problema más para enfocar una salida a la resolución del conflicto territorial.