Joan Llinares: «La corrupción anida en todas las estructuras de poder. Aún queda por salir»

Se han incorporado dos funcionarias de una selección de 245 solicitudes que respondieron a la oferta publicada en el BOP en septiembre. En noviembre se incorporan tres personas más y así hasta los 21 funcionarios que configurarán la estructura de arranque de la agencia, que no tendrá trabajadores propios, sino que procederán de las administraciones públicas.

¿Está la Agencia Antifraude destinada a trabajar con la Sindicatura de Cuentas?

Tenemos funciones diferentes, pero la agencia, por su naturaleza, deberá trabajar con todas las instituciones de control de la administración. Sindicatura, Intervención de los ayuntamientos o Consellerias para poder ubicar el mapa de riesgos que genera conductas corruptas, una actuación que hoy por hoy no hacen las administraciones.

¿Hay un mapa de riesgo?

Sí, y se debe hacer. Cada administración pública tiene que tener el suyo.

¿Qué se entiende por riesgo? ¿Áreas, departamentos?

No, hablamos de procedimientos. Cuando nos hemos encontrado con casos de corrupción conocidos tenemos la tendencia de hablar de ellos en pasado sin caer en que el riesgo sigue existiendo. La manera de prevenirlos es teniendo muy definido dónde, en cada uno de los procedimientos establecidos por la administración en los que se manejan fondos públicos, se toman decisiones trascendentes sobre la generación de beneficios. En todo ese ámbito se tiene que estudiar en qué puntos pueden darse prácticas corruptas y las administraciones tendrán que poner mecanismos de prevención. El día que la corrupción se trate como un riesgo al igual que se habla del riesgo de accidentes laborales o de circulación. entonces será más fácil entender que hacen falta más medidas.

Siguiendo su ejemplo. Sabemos que ir con exceso de velocidad o saltarse un Stop supone un riesgo de circulación. En el caso de la corrupción, ¿se pueden concretar esos riesgos?

Sí. Un pliego de condiciones es un riesgo en una contratación. El seguimiento tras la adjudicación es otro riesgo, porque puede estar perfectamente adjudicado pero luego hay que ver cómo se ejecuta o si se modifica. Nos centramos en los contratos porque vivimos bajo el impacto del «tres per cent», pero en el ámbito de la gestión pública es importante lo que pasa después: contratos que se renuevan una vez, dos o tres veces sin que se cumplan los términos legales, o que se amplíen estos a objetos que no tenían nada que ver. Esto es un continuo. Y no digamos cuando hablamos de urbanismo, de dónde poner la raya entre lo que es y no es edificable, el volumen de edificabilidad...

¿Su función se centra más en el control de los contratos que de los dirigentes políticos?

Mi función es el control de la gestión de administración. Puede haber corrupción sin político corrupto. La administración es muy compleja y en los procesos de adjudicaciones o de cómo se perfila el urbanismo existen muchos niveles. Estamos también bajo la influencia de la corrupción política porque son los casos más conocidos, pero la corrupción tiene riesgo en todos los niveles, no solo político o funcionarial. Hay muchas concesiones a empresas privadas que gestionan interés público con dinero público y que deben cumplir los pliegos de condiciones que exigen los contratos. La agencia tiene entre sus competencias el análisis de la gestión contable de todos los ámbitos que se financian con recursos públicos y el seguimiento de los contratos sean ayuntamientos, Generalitat, universidades, diputaciones, consorcios, empresas públicas...

¡Pero usted necesitará mucha gente para tanto trabajo!

(Risas). Muchísima, sí. La estructura básica prevista es de 34 personas. Pero vamos a empezar. Mi obligación es rendir cuentas ante las Cortes y en función del trabajo ya plantearemos si se necesita más personal o es suficiente.

¿Es usted independiente?

Esa es una de las características que tiene la agencia. El objeto material son todas las administraciones públicas en el ámbito valenciano y el puesto de director es un mandato único de siete años nombrado por las Cortes y solo ellas pueden destituirle por motivos tasados que la propia ley indica. La naturaleza de independiente es que no se depende de ninguna de esas administraciones, lo que es también una garantía de trabajo objetivo no sometido a ningún mandato de carácter político o administrativo.

¿Cree que una figura como la suya hubiera evitado parte de la corrupción que ha vivido la Comunidad Valenciana con el PP?

Con el PP o con cualquier otro gobierno. No digo que se hubiera evitado, pero la propia existencia de la agencia establece unas prevenciones que dificultan la corrupción, por lo menos con tanta desfachatez. El dinero público que va a bolsillos privados ha pasado por muchos procesos donde hay funcionarios que lo han vivido. Unos han mirado para otro lado y otros se preguntaban que dónde iban a denunciar. Saben que podían ir a la Fiscalía, algunos lo hemos hecho, pero situémonos sobre lo que supone denunciar a sus propios jefes, autoridades que año tras año ganan elecciones y que tienen protección desde los niveles más altos de la política. La agencia crea el estatuto del denunciante para garantizarle la indemnidad del denunciante. Nadie podrá perturbar la carrera administrativa ni personal de un denunciante y las conductas de presión serán sancionadas con multas de hasta 400.000 euros.

¿Ha salido todo a la luz ya o solo una punta del iceberg?

La corrupción se anida en todas las estructuras donde puede existir gestión de patrimonio público. Por las denuncias que han llegado parece que aún queda mucho.

Pero no tenía gente para trabajar. ¿Ha podido avanzar algo?

Se empezará en breve pidiendo documentación a las diferentes administraciones.

¿Cuántas denuncias son?

Son varias y se mueven en el ámbito de la administración autonómica y también en municipal.

¿Por qué cree que el PP no apoyó la creación de la Agencia Antifraude a instancias de Podemos?

Hay mucha gente, no solo el PP, que piensa que los sistemas de control y fiscalización que existían eran suficientes, pero la corrupción ha ido siempre por delante de la administración. Los sistemas de control todavía tienen formas del siglo XIX y la corrupción está más allá con nuevas tecnologías, con más informaciones y trabaja desde lo global, tiene canales transversales de comunicación entre ella y una capacidad de poder que no tienen los mecanismos de control. Es un virus mutante que va viendo de qué manera burla y se adapta a las nuevas estructuras.

Habla de la corrupción como de un sistema.

Sí que funciona como tal. Y es importante añadir, respecto a lo que le decía del sistema de control del siglo XIX, que la Oficina Antifraude Europea (OAF) convive con el Tribunal de Cuentas Europeo y con todos los sistemas de fiscalización, y nadie pone en duda que casos de fraude destapados por la OAF no se hubieran destapado nunca de haber continuado con el sistema tradicional de fiscalización. La UE en el 1999 ya dio el mandato de crear oficinas antifraude. En España solo está la de Cataluña y ahora la de la Comunidad Valenciana. A nivel estatal también se debería crear, igual que existe en Italia.

¿Hay duplicidad con la Conselleria de Transparencia?

Entre las funciones de la Agencia Antifraude no está la de hacer cumplir la Ley de Transparencia. La Conselleria tiene competencia en el ámbito de la Generalitat, no en ayuntamientos o universidades y tiene que fomentar la transparencia dentro de su administración. La transparencia dificulta la corrupción, pero en cualquier caso no la impide.