La Diputación de Alicante tiene 20 días para remitir al juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Alicante el expediente administrativo recurrido por Compromís y referente a la subvención «a dedo» concedida por el equipo de gobierno al municipio donde es alcalde uno de sus vicepresidentes, Alejandro Morant. La ayuda, concedida de forma directa, se aprobó para la construcción de un pabellón deportivo por valor de 770.000 euros.

La petición del juzgado es el resultado del escrito de demanda interpuesto por la coalición en su lucha contra las subvenciones «a dedo» en la institución provincial. Se trata de subvenciones que no responden a la fórmula de la concurrencia pública que la normativa prevé aplicar en caso de urgencia. Según Compromís, en este caso la ayuda no responde a hechos extraordinarios o asociadas a un gasto especial, entre varios factores con los que se podría estar vulnerando la ley, por lo que decidió presentar un recurso en los juzgados contra esta ayuda y pedir, a su vez, la suspensión cautelar del acuerdo de pleno que la concedió con los votos a favor del PP y el diputado no adscrito, Fernando Sepulcre. Es la primera vez en la que un grupo político en la Diputación comienza una iniciativa semejante.

Con ella Compromís pretende «obtener una resolución contraria al modo en que el PP gestiona este tipo de ayudas, siempre con un carácter electoralista, y que la sentencia marque un patrón de comportamiento en una Diputación desacreditada en cuanto a la gestión del dinero público se refiere», indican fuentes de la formación.

La subvención en cuestión otorga una eminencia al ayuntamiento gobernado por el vicepresidente Morant que, a juicio de Compromís, «discrimina a la gran mayoría de municipios de las comarcas alicantinas». La ayuda a Busot supone el 100% del pago de la obra, mientras que el resto de municipios que concurrieron a las convocatorias públicas para los planes de obras y servicios de la Diputación habrán de pagar altos porcentajes del coste total. Es más, estos ayuntamientos que acudieron al concurso público y obtuvieron una subvención deberán estar entre dos y cuatro años para reclamar subvención de cualquier tipo, situación que no afecta a Busot. La deeste municipio es una de las cuatro ayudas nominativas más altas que se han otorgado este mandato, todas dirigidas a diputados del PP. Las otras se han aprobado para La Nucía (1,1 millones de euros ?), Mutxamel (1,2 milones) y Calp, donde es alcalde el presidente de la Diputación, César Sánchez, y que recibirá 2,2 millones de euros (la inversión más alta en toda la legislatura) para realizar una obra competencia del Estado en terrenos propiedad de su suegra.

Se trata de obras cuya inauguración esta prevista a las puertas de las elecciones de 2019, unos comicios en los que el PP se juega la recuperación de los grandes municipios de la provincia de Alicante que perdió en los comicios municipales de 2015. Aunque la oposición, y concretamente Compromís -formación que tiene como caballo de batalla el fin de las ayudas directas tal y como están establecidas- no han entrado a valorar los proyectos e sí mismo al entender que todas las obras son buenas, sí han denunciado que el grueso de los emolumentos «a dedo» se vaya a municipios gobernados por el PP, a la sazón diputados provinciales del equipo de gobierno de César Sánchez y a proyectos subvencionados al cien por cien por la Diputación.Ayudas polémicas

Todas estas ayudas han salido adelante con el inestimable voto del báculo del PP en la institución provincial: el diputado Fernando Sepulcre. El asunto de las ayudas nominativas se ha polemizado más que nunca en este mandato por el papel activo de Compromís en su denuncia, que ha arrastrado al resto de la oposición a cuestionar su reparto, sobre todo después de que el equipo de gobierno se negara a participar en el Fondo de Cooperación Municipal del Consell.