El Tribunal Supremo ha ratificado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) con lo que allana el camino para la reapertura en la que ya trabaja la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicación. El pleno de la sala cuarta del citado tribunal declaró «ajustado a derecho» el despido colectivo en 2014 en el ente autonómico bajo el mandato del PP, lo que facilita el ajuste normativo de la llegada de la nueva radiotelevisión, À Punt, donde la previsión para sus primeras emisiones apunta a los primeros tres meses de 2018. En su deliberación, el alto tribunal ha acordado por unanimidad desestimar los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ya había rechazado la demanda de CGT sobre el ERE aplicado en la televisión y radio públicas valencianas que fueron cerradas durante la etapa en el gobierno de la Generalitat de Alberto Fabra.

La sala señala que la Ley autonómica 4/2013, eliminando el servicio público de radio televisión en la comunidad autónoma es «compatible» con la Constitución, por lo que no debe plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Esa ley autonómica, apunta, no puede considerarse reacción ilícita frente a la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declarando nulidad del ERE de 2012, sino que «posee causalidad propia», detalla el Supremo.

A su vez, argumenta que el despido se basó en la extinción de RTVV, al tiempo que en su deficiente situación económica negativa, lo que «aleja la sombra del fraude y constituye causa válida de despido colectivo». «Que concurra esa causa con una situación económica grave y que se esgriman ambas acredita que no se acude de manera fraudulenta al Estatuto de los Trabajadores». Asimismo, el pleno subraya que el despido colectivo es «fruto de un acuerdo alcanzado entre el empleador y doce de los trece representantes sociales, sin que se haya acreditado la existencia de coacciones o vicios de su voluntad». Con esta resolución, el Supremo ratifica la decisión anterior de la Audiencia Nacional que vio legal el ERE ante «pérdidas millonarias» y una plantilla «sobredimensionada». Así se dictaminó en la sentencia que desestimó la demanda interpuesta por la CGT y a la que se adhirieron otros cinco sindicatos más.

Los hechos se remontan a 2012, cuando el grupo RTVV promovió un despido colectivo que afectaba a 1.198 trabajadores. Los sindicatos se opusieron a esta decisión y el TSJCV les dio la razón y obligó al ente público a readmitir a los despedidos. Días más tarde se aprobó la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de RTVV. Al mes siguiente se promovió un despido colectivo y finalmente se extinguieron 1.608 contratos de trabajo adscritos a los diferentes centros de trabajo que la compañía tenía distribuidos en diferentes comunidades autónomas, más otros 27 contratos que estaban en situación de excedencia.