La contrata de la limpieza de los edificios públicos de la Diputación de Alicante se ha enquistado. El millonario contrato, que supera los nueve millones de euros en los próximos dos años y que alcanza los quince millones teniendo en cuenta las prórrogas, está bloqueado desde que el pasado verano los criterios técnicos sobre la maquinaria propuesta por las empresas se estén analizando con la más precisa de las lupas.
Los trabajos para la limpieza de la Diputación, del museo Marq, del Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) y del Instituto Pedro Herrero para los próximos dos años con posibilidad de prórroga por otros dos se licitaron el pasado mayo al vencer el contrato con la empresa del promotor Enrique Ortiz, a quien ya se le prorrogó la contrata, que ha necesitado de un empujón de dos meses más ante la falta de acuerdo de la mesa técnica que valora la mejor de las ofertas. El bloqueo en el que se encuentra la valoración de las mejoras ofertadas por las firmas aspirantes no juega a favor de Enrique Ortiz, quien podría perder la última gran contrata pública en la Diputación de Alicante, según confirmaron fuentes del Palacio Provincial.
Esas mejoras técnicas que llevan de cabeza a los componentes de la mesa de contratación se centran en las características de cada una de las máquinas que ofrece cada firma. El transfondo de estas discrepancias es relevante, ya que la empresa que aparecía en un primer lugar como más ventajosa -la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Tizor Hormigones y Asfaltos y Enrique Ortiz e Hijos, que presentó la oferta más barata de todas con 7,8 millones- pierde ahora mismo puntos respecto a sus otras competidoras.
Las firmas que ahora ganan terreno frente a Ortiz son FCC, OHL y la UTE formada por Clece y Fissa Finalidad Social, según ha podido saber este diario, aunque hay otras firmas que también se han presentado pero que no encabezan la carrera por una de las contratas de «oro» que adjudica la institución alicantina. El tira y afloja entre los que valoran las mejoras sitúa a Ortiz como uno de los adjudicados, pero hay otra línea en los criterios de valoración que alejan al empresario alicantino de este contrato.
La mesa de contratación está formada por técnicos y en ella no participa ningún cargo político, tal y como se comprometió el presidente de la Diputación, César Sánchez, para este mandato. Sacó a los políticos de las mesas de contratación y por ello en este caso los cargos públicos consultados por este diario afirman estar menos informados de cuanto acontece en el plano puramente técnico. En cualquier caso, admitieron que la adjudicación de la contrata se ha enquistado en los últimos meses y que ha habido que hacer una nueva prórroga a la adjudicataria actual, propiedad de Enrique Ortiz.
El polémico promotor se hizo con la adjudicación de la limpieza de los edificios de la Diputación en el año 2010 bajo el mandato en la presidencia de la Diputación de José Joaquín Ripoll, a quien presuntamente Ortiz regaló dos pisos en el centro de Alicante por sus supuestos favores en la adjudicación de la obra pública para los residuos de la Vega Baja, pieza del caso Brugal conocida como el Plan Zonal.
