11 de octubre de 2017
11.10.2017

La comparecencia de Puigdemont deja más dudas que antes

La comparecencia de Puigdemont genera división de opiniones entre políticos y empresarios, aunque coinciden en que siembra más incertidumbre

13.10.2017 | 00:11
Imagen anoche del hotel Calypso, de la cadena Servigroup, uno de los que tres establecimiento iluminado con los colores de la bandera de España en Benidorm.

Las reacciones del mundo político y empresarial de la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante sobre la comparecencia de Carles Puigdemont en Cataluña, en la que estaba prevista la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), incidieron, en líneas generales, en que se mantiene la situación de incertidumbre ante el conflicto con el gobierno catalán y que abrir un proceso de diálogo es algo que tiene que hacerse desde la legalidad, si bien hubo opiniones desde la clase política que vieron luz ante el «parón» que ayer se dio en el proceso de independencia y otras que apostaron, directamente, por la aplicación del artículo 155 y de retirarle las funciones al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reiteró desde Bruselas sobre su homólogo catalán -que ofrecía su discurso en el Parlament mientras se producía la reunión del Comité Europeo de las Regiones- que su apuesta para solucionar el conflicto soberanista es el diálogo, y se preguntó cómo alguien va a cumplir en el ejercicio cotidiano de la convivencia «una legalidad nacida de la fractura».

Antes de la comparecencia del gobernante catalán, Puig dijo que espera que se abra un espacio al diálogo porque esa «es la mejor de las soluciones». «Ese diálogo se tiene que hacer atendiendo al cauce de legitimidad democrática, que es la ley», manifestó en declaraciones recogidas por Europa Press en Bruselas. El debate sobre Cataluña, que ayer se abordó en el citado Comité de las Regiones, llevó a Puig a manifestar en el corazón de Europa durante su intervención que sin diálogo no hay política y que hay que respetar el pluralismo.

En sus declaraciones admitió que en Europa «también preocupa esta situación», pero que su objetivo es «dar tranquilidad al conjunto de los europeos» porque España «es un país democrático que, evidentemente, tiene tensiones territoriales como otros países de la UE, pero hay mecanismos para canalizarlos a través de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de las profundas reformas que hay que elaborar». «Las soluciones políticas deben buscarse dentro de la ley. No hay atajos en la democracia», advirtió durante un debate específico sobre la situación catalana en el Comité de Regiones de la UE, órgano consultivo europeo sin capacidad de decisión que representa los intereses de las regiones.

Puig, que intervino en calidad de presidente de la delegación española , se dirigió al presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, al que dijo antes de que el segundo acabara su discurso que «cualquier decisión que se tome no será válida si está referida a una ley que surge de la ilegalidad». Defendió una reforma territorial necesaria en España e insistió en que no se trata de un problema solo de Cataluña, porque la Comunidad Valenciana también tiene uno con la financiación.

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no se pronunció al respecto y desde su gabinete indicaron que habrá que esperar a ver qué hacen el resto de las partes, en alusión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Desde el PSPV, el Síndic Manuel Mata, vicesecretario general del PSPV, sí dijo tras la declaración de independencia suspendida en Cataluña que Puigdemont «sigue en el laberinto en el que se metió», y que la única «salida sensata» es la que hizo el presidente Puig el 9 d'Octubre para unos nuevos pactos de la Moncloa autonómicos. «Lo de hoy ha sido un paripé y una burla. Ningún parlamento decide nada si no se vota».

El número uno de los socialistas por Alicante al Congreso, Julián López-Milla, opinó que suspender los efectos de una declaración que no se ha producido es «un sinsentido». «No solo han pretendido inventarse una legalidad nueva que no cabe en nuestra Constitución. No están llevando a Cataluña a la independencia, la están llevando al caos», lamentó.

Otro socialista, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, tildó de «absoluto bloqueo» la situación en Cataluña y añadió que la única vía es «resetear el Parlamento y convocar elecciones».

Desde Compromís, su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, dijo que había que hacer algún gesto y que no se podía producir una DUI, pero tampoco una aplicación del artículo 155. El parlamentario vio «un gesto por parte de Cataluña» que ha «molestado a la CUP» y sostuvo que se abre una pausa y «una ventana al diálogo y a buscar transigir». «Es un momento para rehacer puentes y cerrar heridas y no para tirar más gasolina al fuego», añadió, una postura que coincidió con la valoración que realizó la número uno de Podemos por Alicante al Congreso, Rita Bosaho, quien ve una apertura al diálogo en la actitud del Gobierno catalán y un «parón» para hablar y para «esperar la respuesta en la misma línea por parte del Gobierno central».


Por su parte, el diputado alicantino de Compromís Ignasi Candela insistió en que «vivimos un problema político que necesita, haya pasado lo que haya pasado, una solución política».

El Síndic de Podemos en las Cortes Valencianas, Antonio Estañ, sostuvo a preguntas de este diario que la decisión del Gobierno catalán de no declarar la DUI implica que no es tarde «para apostar por una salida democrática y hablar y esperar que el PP esté a la altura del diálogo en vez de por medidas que impliquen el retroceso de las libertades». «Están tan interesados en continuar su estrategia de confrontación que prefieren ser ellos los que den por declarada la independencia», dijo.

Desde el PP, el número uno de los populares al Congreso de los Diputados por Alicante y exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseveró que ha vivido «el segundo golpe de Estado» de su vida después del 23F e instó al presidente del Gobierno a poner fin «a esta situación que tanto está dañando la imagen de España» y suspender las funciones a Puigdemont. Para ello, dijo que Rajoy puede valerse del Tribunal Constitucional o del artículo 155 -que a juicio de Margallo sería el más adecuado porque «permite flexibilidad»- así como de la actuación de la Fiscalía a través de la toma de medidas cautelares. «Hay que apartar de sus funciones al presidente Puigdemont. Está llevando a Cataluña a la ruina», subrayó.

Por su parte, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, indicó que no se puede dar validez a la ley del referéndum suspendido por el Constitucional ni dar como válido «el supuesto recuento de una votación ilegal». «No es admisible hacer una declaración de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita», dijo Bonig.

El secretario de organización de Cs en la Comunidad Valenciana, Emilio Argüeso, publicó en su cuenta de Twitter que lo que se vivió ayer en Cataluña fue «un golpe a la democracia cometido por unos irresponsables» y apeló como salida más sensata unas nuevas elecciones. Numerosos cargos de Cs reclamaron ayer a través de esta red social al Gobierno central la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución.


El líder de EU en la Comunidad Valenciana, David Rodríguez, opinó por su parte que ante esta situación se puede «saludar la oportunidad diálogo que se abre» y añadió que ha quedado en evidencia la cara «represiva de PP y Ciudadanos».

Reacción del mundo económico

Por otro lado, representantes empresariales de la provincia y de la Comunidad valoran que Puigdemont se movió en el terreno de la «indeterminación» sobre la pretendida declaración de independencia, que dijo dejaba en suspenso para abrirse al diálogo. Consideran que es una «argucia política» que no beneficia a la economía, porque mantiene y «alarga la situación de inestabilidad e incertidumbre», que son dos de los mayores «enemigos» del desarrollo económico y la inversión. Además, inciden de forma unánime en que un proceso de diálogo «siempre se debe producir dentro del marco de la legalidad».

Francisco Gómez, presidente de la patronal alicantina Coepa, insiste en que las manifestaciones de ayer del presidente de Cataluña «dilatan» el clima de incertidumbre económica «y eso seguirá afectando a la toma de decisiones de las empresas». Aunque se pudieran considerar «una especie de marcha atrás» con respecto a las intenciones iniciales de declarar la independencia, «decir que la deja en suspenso mantiene un escenario de retraimiento en el panorama empresarial, a nivel general, y afecta a la imagen de España. De hecho, ya estamos viendo cómo la prima de riesgo sigue subiendo», añade el presidente de Coepa. Para Francisco Gómez, en la actual situación, Puigdemont debería haber aclarado «definitivamente la situación». Además, cree que las empresas seguirán trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña si se prolonga la actual situación, «porque son las peores condiciones para el desarrollo de las compañías», reiteró.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, también valora que las manifestaciones del presidente del Gobierno de Cataluña no han hecho «sino alargar la situación de incertidumbre», el peor de los escenarios para los proyectos económicos a medio y largo plazo. «Los empresarios necesitan estabilidad social y política y seguridad jurídica para poder llevar a cabo iniciativas e inversiones», según Navarro,. Y este contexto de estabilidad «y, sobre todo, de seguridad jurídica» no se vislumbra con las declaraciones de Puigdemont. Y al contrario de lo que indicó ayer en el Parlament el responsable del Gobierno catalán, el presidente de la CEV sí considera que afecta a la marcha de la economía la salida de empresas de esta comunidad autónoma, trasladando sus sedes sociales a otras provincias españolas. «Y si se dilata aún más en el tiempo la actual situación, después del cambio de sede, las compañías comenzarán a trasladar sus centros de fabricación», advierte. Y con respecto a la apelación a que se abra un proceso de diálogo que hacía Puigdemont, Salvador Navarro fue muy tajante: «Sí al diálogo, pero siempre dentro del marco de la legalidad».

También el presidente de la patronal de las pymes alicantinas (Cepyme), Cristóbal Navarro, considera que el escenario para el desarrollo económico y empresarial ha cambiado poco con respecto al que había anteayer. « Y es el peor porque no se despejan las dudas. Dice que abre un paréntesis, pero, en realidad, se mantiene la situación de inestabilidad. Por eso, empresas catalanas han cambiado sus domicilios sociales a otras zonas. Y si continúan las mismas circunstancias, seguirán saliendo más compañías», añade Cristóbal Navarro. Como otros empresarios de la provincia, el dirigente de las pymes hace hincapié en que la actual situación «perjudica, porque la prima de riesgo está subiendo y porque supone un aplazamiento de las inversiones previstas, al igual que dificulta la captación de potenciales inversiones internacionales».

«Una larga cambiada». Así, utilizando un término taurino, describía el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera, la intervención de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña, porque, en realidad, «prolonga la incertidumbre y eso perjudica a la economía», insiste. Riera critica a Puigdemont por «no despejar definitivamente la situación». Además, como otros representantes empresariales cree que «el diálogo es bueno, pero siempre dentro del marco de la legalidad».

También el presidente de la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), Antonio Mayor, se considera que el responsable del Gobierno catalán «ha aclarado poco» y «no ha aportado soluciones» a la situación. Y, aunque cree que las manifestaciones de ayer no «generaron mayor crispación social o conflictividad», sí advierte de que el escenario sigue «siendo complicado» porque la incertidumbre económica continúa, al igual que el éxodo de empresas de Cataluña».

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Alicante e impulsor del recién presentado Foro PROA, Fernando Candela, incide que la declaración de Puigdemont ante el Parlamento de Cataluña «es una mala noticia, aunque se haya dejado en suspenso la declaración de independencia». El decano de los abogados alicantinos cree, además, que el mandatario catalán se expresó en un marco de «un concepto indeterminado, a propósito».

Candela considera que el posicionamiento era «previsible, porque se trata de querer contentar a todas las partes y eso no es posible». El abogado insistió asimismo en que su declaración no cambia el panorama y «creará más incertidumbre y tensión».

José María Caballé, presidente de la cadena hotelera Servigroup, iluminó con la bandera española tres de los hoteles que la cadena tiene en Benidorm, el Torre Dorada, el Calypso y el Nereo. Nacido en Girona, Caballé se considera "ante todo español y he creído que podíamos aportar nuestro granito de arena. Plantear la independencia de Cataluña es una estupidez".

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