Al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, los problemas no le llegan, al menos en este arranque del curso político, desde la acción de la oposición del PP y de Ciudadanos. El intento de la líder de los populares en la Comunidad, Isabel Bonig, de vincular directamente la iniciativa del Consell con la situación de Cataluña se ha encontrado con dos enmiendas a la totalidad de mucho peso: las intervenciones de José Manuel García Margallo y del eurodiputado Esteban González Pons apartando a Puig de cualquier tentación rupturista. Neutralizada Bonig por dos de los más ilustres «libre pensadores» del propio PP, las tensiones alcanzan al Consell del Botànic generadas por sus propios socios. Dos conflictos tienen un impacto casi inmediato y el tercero se alargará con vistas a la cita electoral de 2019.
La crisis institucional en Cataluña, sin duda la más grave de los últimos cuarenta años de etapa democrática, afecta al Consell. No por los ataques de la oposición sino, más allá de eso, por la postura de dirigentes de Compromís a favor de la consulta. Un escenario que también le resta decibelios, al menos de momento, a uno de los discursos clave del Botànic: la reclamación de más inversión y el cambio del modelo de financiación autonómica. Justo después de la detención de altos cargos del gobierno catalán por la organización del referéndum, la dirección de Compromís emitía un comunicado rubricado por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y por Joan Baldoví, portavoz de la formación en el Congreso, en el que criticaban con dureza a Mariano Rajoy por su actuación en Cataluña, hablaban nada menos que de «represión» y anunciaban, además, una iniciativa parlamentaria para forzar al presidente del Gobierno a pronunciarse. Compromís renunciaba así a utilizar sus cuatro votos en Madrid como influencia en los presupuestos de 2018 -saldrán el próximo sábado- para situarse en un espacio de clara confrontación.
Con todo, la más dura fue la intervención en Twitter del presidente de las Cortes, Enric Morera, atacando al Gobierno de Madrid y situándose al lado de la consulta. Oltra y, en mayor medida, Baldoví pueden hacer un juego más político. Pero Morera, segunda autoridad de la Comunidad, no estuvo ni acertado ni oportuno. El presidente de las Cortes debe encarnar un rol institucional. De árbitro. Hasta ahora, la acción parlamentaria del dirigente de Compromís había recibido elogios, incluso, entre diputados del PP y Cs. Pero, desde luego, en este asunto le perdió su ideología. Es el presidente del conjunto del hemiciclo valenciano y también -no hay que olvidarlo- de todos los parlamentos autonómicos de España. Así que ese mensaje, en un momento tan grave y extraordinario, estaba como mínimo fuera de lugar.
A los socialistas no les quedó otra que salir a la palestra en público para poner «paños calientes», calmar los ánimos y asegurar que las diferentes posiciones sobre este asunto no afectarían a la gestión del «día a día» del Consell. Durante toda la semana, de hecho, el presidente Puig ha rebajado notablemente el tono cuando se le ha preguntado sobre Cataluña. Es público y notorio que el jefe del Consell tiene sensibilidad de diálogo con los independentistas, propone una salida federal a la crisis territorial de España y, además, tiene línea directa con su homólogo catalán, Carles Puigdemont. Pero, sin embargo, en los últimos días, el número uno del PSPV no ha pasado de apelaciones genéricas al diálogo y a la unidad al tiempo que ha sido firme en su respaldo al cumplimiento de la ley.
El estallido catalán no le llega en buen momento al Consell. Tendrá que rebajar sus ataques a Madrid por el trato con las inversiones y la financiación para sortear cualquier acusación de aprovechar la crisis para debilitar a Rajoy. Y todo ello a pesar de que Puig tiene por delante dos citas en las que tendrá que medir mucho su posición: el próximo 9 d'Octubre, una fecha en la que ya se conocerá el detalle de los presupuestos; y la manifestación convocada el 28 de octubre por los sindicatos en València para reclamar la financiación, protesta de la que ya se han desmarcado los empresarios y el PP. Un cambio en el modelo de financiación que tiene todos los visos de quedar bloqueado a la espera de lo que acabe pasando en Cataluña.
El otro socio del Pacte del Botànic -Podemos, que actúa como apoyo parlamentario- también ha puesto en un brete al jefe del Consell. Y, desde luego, no parece menor. El nuevo líder de los morados, el alicantino Antonio Estañ, ha apostado fuerte por la tasa turística -una propuesta que ha generado un rechazo unánime entre los empresarios de Alicante- como elemento de negociación para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2018. Unas cuentas en las que Podemos quiere dejar su sello -serán las últimas que gestionará al completo este Consell antes de las elecciones- y que tienen que negociarse en el próximo mes antes de que se remitan a las Cortes. La tasa turística ya ha levantado en contra al sector y ha dividido a los socialistas. Así que el presidente de la Generalitat -con una estrategia que pasa por retrasar al máximo su aprobación y, si es posible, que no se aplique en 2018- se enfrenta a una carga de profundidad procedente de «fuego amigo» y con un gran alcance.
Y aunque no lo parezca, la grave crisis interna de Esquerra Unida con epicentro en el grupo de la Diputación de Alicante también puede tener impacto, aunque a medio plazo, en la posibilidad de una reedición del Pacte del Botànic a partir de la cita de 2019. La última asamblea de EU se resolvió con dos votos de diferencia a favor del aspense David Rodríguez -el protagonista del viaje a Cuba para el funeral de Fidel Castro con fondos de su grupo en la Diputación asignados a una entidad cultural- frente a la «garzonista» Rosa Pérez, diputada provincial en València y denunciante de la «Operación Taula». ¿Qué hay detrás de esta guerra? La actual dirección de EU es partidaria de acudir en solitario a la cita de 2019 al margen de Podemos. Máxime si se aprueba en las Cortes -parece seguro- la rebaja del listón electoral al 3%. Eso permitiría a EU retornar al parlamento con unos 75.000 votos, algo que estaría a su alcance. Esos escaños podrían ser claves para volver a decantar la mayoría hacia la izquierda. Pero una aventura en solitario, por contra, no garantiza representación en todos los municipios.
Los críticos -entre ellos los cinco ediles de Guanyar en Alicante- prefieren sumarse a Podemos, de acuerdo con la línea marcada por Alberto Garzón. Y la única manera que tienen de conseguirlo es hacerse con el mando de la dirección de EU. La torpe gestión de los fondos de la Diputación de Alicante les ha abierto una puerta para derribar a David Rodríguez con la diputada Raquel Pérez en el centro de la diana. Prefieren la seguridad del «abrigo morado» que jugársela a una carta y sin red. Sillones, sueldos y poder en juego.
