El exministro de Exteriores y número uno del PP por Alicante, José Manuel García-Margallo, pidió ayer en la presentación de su último libro en Alicante, titulado Por una convivencia democrática, apoyo para el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en cualquiera de las medidas que tome «cuando lo considere oportuno» para impedir el referéndum soberanista convocado en Cataluña el próximo 1 de octubre. Margallo, que comparó al presidente con un conductor de autobús en el que los partidos deben confiar en momentos de crisis, indicó que el máximo responsable del ejecutivo del país tiene un arsenal de medidas para poner en marcha, entre ellas el artículo 155 de la Constitución, del que dijo que se ha «demonizado» por una errónea interpretación y que consiste, en realidad, en facultar al Gobierno para la toma de medidas en el supuesto de que una comunidad autónoma incumpla sus competencias o se salte la lealtad institucional.

El número uno del PP en el Congreso por Alicante estuvo acompañado en la mesa como ponentes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el de la Diputación, César Sánchez, y la parlamentaria de Cs Marta Martín en un acto que moderó el director general de contenidos de INFORMACION, Juan R. Gil. El acto se celebró en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) en una sala repleta de asistentes. Margallo manifestó que lo que está ocurriendo en Cataluña va más allá de un golpe de Estado, ya que, dijo, los golpes clásicos alteran el pacto institucional, pero respetando el Estado, mientras que lo que hacen los independentistas en Cataluña es saltárselo por completo. «Estamos asistiendo al hecho más grave que ha ocurrido», añadió, y ante ello insistió en que el Gobierno central está legitimado para impedir «un gobierno sedicionista». En todo caso, apostó por una oferta a la sociedad catalana al margen de los independentistas «porque no se puede explicar cómo arreglar las grietas de un edificio a los que las provocan». Defendió, además de la reforma constitucional, la del sistema tributario, del Senado o una ley oficial de lenguas, entre otras, como camino hacia esa convivencia que lleva por título este último libro de Margallo.

El exministro también realizó ayer una exposición de «las cosas que los independentistas no han explicado» y que formarían parte de las consecuencias de un proceso de independencia para los catalanes, entre otras, el no reconocimiento de ningún Estado, la imposibilidad de pertenecer a Naciones Unidas, y un gran problema con las pensiones y los sueldos. «Hay que convencer a los catalanes de que estar en España es un buen negocio», afirmó.

Por su parte, el presidente Ximo Puig, que alabó a Margallo por ser «arriesgado» y un político que «se ha salido de su zona de confort», destacó que en estos momentos se echa en falta el diálogo y la capacidad para hablar ante el problema con Cataluña. Con tono moderado y a través de una intervención en la que dedicó buena parte a destacar los beneficios del modelo europeo, Puig apostó por la reforma de la Constitución porque, a su juicio, tras 40 años en los que no se había roto la convivencia y en los que más han crecido los derechos sociales, es el momento de abordar el cambio de la Carta Magna para «refrendar ese éxito», sobre todo en un contexto que ya incluye a Europa. También pidió a las dos partes en juego por el tema catalán que «no se sobreactúe» y añadió que están pasando cosas demasiado graves «como para simplemente dejar de actuar». Antes de cerrar su intervención recordó el consenso y el diálogo del 78 y subrayó que para llegar a acuerdos hay que ponerse en el lugar del otro y saber ceder. «Necesitamos generosidad, altura de miras y pensar que hay más cosas que nos unen que nos separan», concluyó Puig, quien dijo que la Comunidad puede tener el papel de bajar la tensión general.

Por su parte, la diputada Marta Martín insistió ayer en relación a la situación de Cataluña en que no se tiene que negociar con «delincuentes» y que ese es el tope de cesión de su formación. Un partido que, de hecho, nació en Barcelona para contrarrestar el independentismo. En su análisis ante el problema catalán incluyó, además del restablecimiento del Estado de Derecho, la pedagogía «como estamos haciendo en esta mesa» y no relacionar la retirada de las urnas con menos democracia. «Ha habido urnas puestas por gobiernos no democráticos», dijo. Recordó que el problema no está solo en Cataluña sino que «es de todos», y compartió con el resto de ponentes la reforma de la Constitución «pero no desde una perspectiva bilateral, sino de todas las comunidades autónomas».