La patronal hotelera de Benidorm y su entorno (Hosbec) siguió ayer sin dar sorprensas y mosotró su más firme oposición a cualquier tipo de tasa o tributo que pretenda crearse en el sector turístico. En la misma línea que ya había defendido antes, su presidente, Antonio Mayor, manifestó su temor a que los hoteleros sean los que tengan que «pagar el pato» del problema de la financiación y tildó la medida de «puro afán recaudatorio».
Mayor señaló a preguntas de este diario en cierto tono de broma que la tasa no es amiga del sector hotelero. «Es una tasa unfriendly», dijo, y se remitió al rotundo comunicado que la asociación hizo público a primera hora de la tarde y en el que se destacó que la iniciativa de Podemos «no es más que el reflejo de la ausencia clara de proyecto y objetivo claro de esta medida, que viene a sumarse a la ya asfixiante presión fiscal que sufren las empresas de la Comunidad».
La patronal del sector hotelero ve una injusticia este tipo de medida. Considera que grava exclusivamente el alojamiento hotelero y el que está reglado, «mientras que 200.000 plazas de alojamiento ilegal seguirán recibiendo turistas sin control y sin pagar ningún impuesto», lamentó la asociación. De esta forma, el tributo vendría «a castigar todavía más al único sector, el del alojamiento, que es el principal colaborador de las estrategias turísticas», señaló Hosbec. «Somos los únicos que colaboramos con la aportación neta de fondos, de trabajo y dedicación en la estrategia público privada», añadió el comunicado de los hoteleros. Mantienen que la figura impositiva favorecerá todavía más la economía sumergida frente al alojamiento reglado, que es el único que contribuye al sostenimiento de la economía y el empleo, algo que no se le escapó por alto por alto a la Secretaria Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, en sus manifestaciones ayer a este diario cuando recordaba que la tasa tendría que tener el visto bueno del sector, que para ello «es el que aporta más al PIB».
Para la patronal hotelera de Benidorm, la medida refleja «un desconocimiento de la operativa del sector» ya que cualquier modificación del sistema tributario que afecte a la comercialización turística debe contemplar al menos dos años para la entrada en vigor, pues los contratos de las dos próximas temporadas ya están cerrados con los impuestos incluidos. «Si tenemos en cuenta que nuestro mercado es en un 50% británico, el momento elegido por nuestros parlamentarios no ha podido ser peor, en pleno proceso de Brexit y con un encarecimiento por tipo cambio de la libra», añadió Hosbe, que no deja de ver un «invento de nuestros gobernantes» cualquier gravamen al sector que solo restará competitividad respecto a los competidores. «El agravio comparativo con otras comunidades que son nuestra competencia directa, como Canarias, Andalucía o Murcia, desaconseja su implantación salvo que sea un recurso tributario generalizado para todo el Estado».
