El Presidencia de Generalitat, donde están adscritas las competencias de Turismo, siguió la controversia con atención y se mostró abierta a estudiar «con rigor» la posibilidad de introducir la tasa turística municipal. Es decir, dar la opción a los pueblos para que voluntariamente, la apliquen. Fuentes de Presidencia mantuvieron que están dispuesto a abrir una mesa de diálogo con los todos los colectivos afectados y se insistió en que, sin los informes pertinentes, es un despropósito ponerla en marcha. Además, creen que la tasa no tiene por qué reducirse a las pernoctaciones, ya que hay turistas, como los de los cruceros, que no hacen noche en València.

Podemos apoya que parte de la recaudación vaya a los municipios, pero cree que es la Generalitat la que debe gestionar el impuesto y regularlo para todos los pueblos para evitar así un «dumping» entre las distintos municipios.

Respecto a los plazos, el PSPV aceptó que las modificaciones legales necesarias podrían hacerse en 2018, aunque Presidencia descartó que la próxima ley de acompañamiento contemple una regulación de este impuesto y menos que se aplique ya.