13 de septiembre de 2017
13.09.2017

La Diputación vuelve a la actividad con tensión entre César Sánchez y la oposición

Compromís preguntará al presidente por causas que implican a cargos populares

13.09.2017 | 03:16
El presidente de la Diputación, César Sánchez, con Castillo, Chulvi, Fullana y Pérez.

Gerard Fullana y los socialistas le acusan de utilizar la institución con fines partidistas.

El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante , en el transcurso del pleno ordinario de septiembre que se celebra hoy miércoles, preguntará al presidente de la institución, eCésar Sánchez, sobre el estado de los procesos judiciales abiertos contra el propio Sánchez y el vicepresidente Eduardo Dolón, entre otros cargos del PP. En un escrito, Compromís señala que presentará al pleno una pregunta para conocer cuántos procesos judiciales hay abiertos contra miembros del Partido Popular en el equipo de Gobierno provincial. La coalición ecovalencianista quiere abordar «este asunto en el inicio del nuevo curso político y saber el alcance de los casos denunciados».

Compromís relata que «en la actualidad hay abiertas investigaciones o denuncias interpuestas» que ponen en «entredicho la honorabilidad de un tercio del grupo político del PP en la institución alicantina». «Estas afectarían a Sánchez (coacción a funcionarios y prevaricación) y a dos de sus vicepresidentes, Eduardo Dolón (prevaricación, Caso Vela Mata) y César Augusto Asencio (delito medioambiental y prevaricación, planta de residuos de Crevillent). También a Bernabé Cano, diputado responsable de Carreteras de la Diputación e imputado por prevaricación y desobedecer una sentencia del TSJCV (anulación de la oferta de trabajo de 2008), además de un caso de presunta prevaricación, estafa, apropiación indebida», desgranaron.

Por su parte, los grupos provinciales de PSPV y Compromís en la Diputación de Alicante acusaron al PP de usar la institución en «beneficio de intereses partidistas», tras el anuncio del presidente provincial, César Sánchez, de que se estudia recurrir las bolsas de trabajo de la nueva radiotelevisión autonómica À Punt por un «posible fraude». Y le recuerdan la herencia del PP en Canal 9 con un «agujero» que llegó a 1.200 millones y centenares de enchufados.

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