12 de septiembre de 2017
12.09.2017

Otro lío con Alejandro Morant en la Diputación

El jefe del servicio de Contabilidad y Control Financiero de la institución denuncia presiones y abuso de poder del diputado de Personal

13.09.2017 | 02:04
Alejandro Morant en una foto de archivo

Los últimos movimientos laborales en el área de Intervención de la Diputación de Alicante han terminado con otro lío para el diputado de Personal y vicepresidente de la institución, Alejandro Morant. Después de que el Ministerio de Hacienda diera un tirón de orejas a la Diputación por crear un puesto de viceinterventor cuya plaza se ocuparía por libre designación, ahora es el jefe de Contabilidad y Control Financiero de la institución el que ha puesto el grito en el cielo y llevado a los tribunales la modificación de la relación de puestos de trabajo a través de la cual se creaban tres nuevos puestos en Intervención -el de viceinterventor, jefe de servicio y jefe de negociado- y se dejaba sin competencias, pese a mantener su puesto de trabajo, al funcionario que llevaba 16 años ejerciendo como responsable del control financiero de la Diputación.

En un recurso Contencioso-Administrativo al que ha tenido acceso este diario, el empleado denuncia «presiones por parte del cargo político en el ámbito de su labor profesional» además de dedicar un apartado a intentar sustentar que ha habido abuso de poder por parte de Morant. Entre otras cosas, el denunciante concreta que el objetivo del diputado con el nuevo organigrama es «escapar al control financiero y a la legal auditoría de su gestión» con una estructura que califica de «más dócil a su poder ejecutivo». El juicio por la demanda, celebrado a principios de verano, está pendiente de sentencia.

Los cambios en el área de Intervención, aprobados en el pleno de la corporación provincial en diciembre de 2016, mantienen al funcionario con su sueldo y en su puesto de trabajo, pero le vacían de unas competencias que él alega que venía prestando durante los últimos 16 años, por lo que le dejan sin responsabilidad en un modelo de control financiero que ha liderado todo este tiempo. Entre sus funciones está la de comprobar que los municipios justifican la subvención recibida por la Diputación Provincial y que se la han gastado en el objeto para la que fue destinada.

En esa misma modificación de la relación de puestos de trabajo se crean tres nuevos cargos a través de un organigrama que costará en total a la Diputación casi 150.000 euros más al año al tener que pagar por una nueva plaza de viceinterventor -con un sueldo bruto de 71.881 euros anuales-, otra de jefe de servicio -retribuida con 50.633 euros brutos al año- y otra de jefe de negociado por la que se pagan 26.515 euros. Estos dos últimos puestos ya han sido ocupados con personal interno de la institución, mientras que el primero, el de viceinterventor, no ha sido aún posible al tirar para atrás Hacienda la posibilidad de que fuera un puesto de libre designación, es decir, a dedo, al no estar justificada esta modalidad. El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local también recurrió esta decisión del área de Personal que dirige Morant. La creación de una plaza de viceinterventor fue aprobada en diciembre exclusivamente por los diputados del PP y el no adscrito, Fernando Sepulcre.

Entre otras cosas, la denuncia del empleado también incluye una carta de Morant a los empleados del departamento en la que pide la colaboración entre las distintas jefaturas así como evitar «absurdos debates o discusiones que puedan perturbar el clima normal de trabajo», el cual, dice, «no voy a consentir, si no, me veré obligado a tomar medidas que busquen el encuentro del clima deseado». En la instrucción, el diputado reconocía que su propuesta de cambiar el organigrama no había gustado en el área pero que estaba convencido de que es un cambio «para mejor, defendible y argumentado cuyo objetivo es potenciar el control financiero del grupo de la Diputación». «A partir de ahora cada cual sabe cuáles son sus competencias, derechos y limitaciones», concluyó en el escrito. El denunciante insiste en que ha sido una reorganización de carácter «caprichoso».

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