El curso político arranca en la Comunidad Valenciana. Y lo ha hecho antes que nunca. Lejos quedan los tiempos en los que la aplastante mayoría del PP en las Cortes retrasaba el Debate de Política General -el punto que marca siempre la reapertura de la actividad tras las vacaciones- a finales de septiembre para, especialmente en los últimos años, tapar sus problemas y acallar a la oposición. A partir del próximo miércoles, el presidente Ximo Puig y el Consell que comparten los socialistas y Compromís se enfrentarán a esa cita. Momento clave de la legislatura: el inicio de la segunda mitad de mandato. Periodo en el que tiene que culminar la acción de un gobierno que, en estos momentos, tiene todavía demasiados frentes abiertos y muchos asuntos por resolver: financiación, reapertura de RTVV, sistema educativo, comercio y cambio del modelo económico, ley electoral, lista de espera de la Dependencia... De todo eso depende el saldo final de la gestión del Pacte del Botànic.
Antes de ese debate, decía, convocado dentro de 72 horas, ya hemos vivido tres acontecimientos que, sin duda, sugieren pistas de lo que puede ocurrir durante los próximos meses: la reunión entre Mariano Rajoy y Ximo Puig celebrada el pasado jueves en la Moncloa con el «problema valenciano» encima de la mesa, el pleno extraordinario de este viernes en las Cortes para validar el decreto de implantación del plurilingüismo en la Educación y, por supuesto, la grave crisis territorial en Cataluña con todos sus efectos colaterales. Los movimientos que han generado ya nos conducen a pensar que, al menos por ahora, este curso político, por fin sin distorsiones electorales ni tampoco -por ahora- de pactos de gobierno en Madrid, se va a iniciar con discursos muy parecidos a los que se escuchaban a finales del mes de julio. Nada nuevo bajo el sol.
Durante esa cita en Madrid con Rajoy, de hecho, el presidente Puig insistió en la reforma de la financiación autonómica para paliar el expolio que sufre la Comunidad. Un déficit que, de acuerdo a las balanzas fiscales publicadas esta semana, ya se acerca a casi 1.800 millones anuales, 200 más que en el informe anterior. Vamos a peor. Y pidió un incremento de la inversión en los presupuestos del Estado para 2018, que se tendrán que perfilar en unas semanas y que se convertirán en una prueba de fuego de la voluntad del PP para empezar a dar desde Madrid un trato más justo a la Comunidad. El mensaje, pactado previamente con su vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, no tiene nada que ver con una estrategia de partido. Ya hace tiempo que Puig no actúa al dictado de lo que le sugieren desde Ferraz. Es una posición, como el propio presidente recalca en muchas ocasiones, «de Comunidad Valenciana». De acuerdo con sus socios de gobierno y con lo que reclama una buena parte de la sociedad civil. Con un perfil propio. Sin hacer seguidismo de otras autonomías socialistas. Pero, en cualquier caso, la letra sigue siendo muy similar a la que venía planteando hasta ahora y a la que Puig utilizará el miércoles durante la intervención que abre el debate.
En el otro lado de la escena política, el PP y Ciudadanos tampoco han cambiado ni un ápice su guión. Todo lo contrario. Lo han intensificado aún más. Como esas entrañables orquestas que recorren las plazas de nuestros pueblos durante los meses de verano: «Atendiendo a una amable petición, repetimos la misma canción pero más cargadita de bombo». Pues eso. Sólo hay que ver las declaraciones de los últimos días de la líder del PP en la Comunidad, Isabel Bonig, y del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, agitando todavía más, si cabe, la bandera del anticatalanismo como principal argumento. Y la actuación de los diputados de Ciudadanos en el pleno del pasado viernes sobre el plurilingüismo, abandonando la sesión «a la catalana» siguiendo los pasos de su central en Barcelona -la política de Cs se marca desde allí, para los que aún no lo sepan- como si en las Cortes Valencianas se dieran pasos hacia una secesión «a las bravas». Nada más lejos de la realidad. Pero unos y otros buscan, desde hace tiempo, rentabilizar ese discurso para disputarse esa bolsa -ya escorada la derecha- en 2019.
Y ahora, después de estallar la crisis en Cataluña, todavía más. El PP tiene que mantener ese pulso para evitar que Cs gane enteros en la lucha por conquistar ese espacio. Puede que a los de Albert Rivera les sirva para tapar sus gravísimos problemas internos. Han perdido a decenas de cargos públicos, entre ellos cuatro diputados en las Cortes. Pero al PP, alternativa natural de gobierno, no le llega con eso. Una vez que Génova ya ha disipado dudas y la ha ratificado este verano como candidata a la Generalitat, a Bonig se le tiene que pedir algo más que hablar todos los días de Cataluña y atacar al conseller Marzà por el plurilingüismo cuando el modelo educativo durante los veinte años de gobierno del PP se reveló como un fracaso en el aprendizaje de una de las dos lenguas oficiales -el valencian0- y del inglés. Isabel Bonig tiene que empezar ya a trazar una alternativa política. Ese proyecto -hasta ahora desconocido- con el que intentará recuperar la Generalitat dentro de dos años.
Y eso es algo más que comparar al Consell con los independentistas catalanes, por mucho que el gobierno del Botànic también tenga que hacer una seria autocrítica sobre la ausencia de pedagogía o la búsqueda de consensos en algunas de sus decisiones vinculadas a cuestiones educativas o identitarias. Ese discurso que, hasta ahora, monopoliza la acción del PP y también de Cs, además, está ligado a un ataque frontal y sistemático contra Compromís, al estilo de lo que hacen en Cataluña con los independentistas. Es evidente que moviliza a parte del electorado que ya votaba antes a los populares -beneficiados en su día por la disolución de UV como partido anticatalanista de referencia- pero, ojo, puede ser un arma de doble filo. También cohesiona a los seguidores de Compromís, a las puertas de un curso decisivo para su estabilidad como organización y en el que debe decidir ya de una vez si de mayor, si es que algún día llega a serlo, quiere ser algo más en esta Comunidad.
Ocurre, sin embargo, pese al impostado mantra anticatalán del ala derecha de las Cortes -PP y Cs- y a la evidente falta de tacto del Consell, que esta Comunidad no es Cataluña... Ni para lo bueno: no hay un conflicto con España como tampoco, ni siquiera de lejos, tensiones o fractura en la calle. Ni para lo malo: no llegamos a su potencia económica, ni a la capacidad que siempre han tenido para defender sus intereses, ni siquiera tenemos su mismo nivel de cohesión. Así que como alternativa a ese discurso de ida y vuelta de la derecha valenciana frente a Compromís; con la reapertura de puentes entre Rajoy y Puig; y el vacío de interlocución de Cataluña con el Estado puede surgir un espacio de centralidad institucional, algo que ya no tienen nuestros vecinos. Una oportunidad de perfilar, desde la unidad en la Comunidad pero con diálogo, una agenda propia de calado que Madrid tenga que aceptar -aunque sea forzados- como ejemplo de que las cosas se pueden también conseguir de otra manera. Haciendo política.
