La nueva radiotelevisión valenciana va a nacer con el mismo estigma con el que cerró la antigua: un conflicto laboral abocado a los tribunales. La publicación ayer de las bases de la convocatoria para 427 puestos de trabajo abre de facto el proceso de denuncia por parte de la Unió de Periodistes y la Asociación de Prensa de Alicante, un recurso que pondrá en jaque la reapertura de Àpunt. Ambas entidades sostienen que los baremos para acceder a los medios públicos vulneran el derecho de igualdad de los aspirantes ya que se prima a los extrabajadores de RTVV sobre el resto.

Según explicaron fuentes de la dirección de la Societat Valenciana de Mitjans de Comunicació, no hay prevista reunión o encuentro alguno con representantes de las organizaciones mayoritarias de periodistas en la Comunitat Valenciana para abordar la colisión de posicionamientos. De este modo, se prevé que el guión sea el siguiente: interposición en el plazo máximo de un mes de un recurso de reposición ante el consejo rector, y presentación del recurso contencioso administrativo ante el juzgado en el plazo de dos meses a contar desde hoy.

Durante la primera fase, la administrativa, se abre un lapso para que las partes intenten lograr un acuerdo sobre los aspectos en fricción, principalmente la puntuación respecto a la experiencia previa en RTVV, que se valora con hasta 0,07 puntos por cada mes trabajado en los extintos Canal 9 o Ràdio 9. La experiencia en otros medios privados se cuenta con 0,04 puntos por mes cotizado. Aunque se puede acudir directamente a la vía judicial, según se recoge en las bases publicadas ayer, las organizaciones periodísticas prefieren agotar primero esta alternativa.

Pendientes de suspensión

Sin embargo, se encontrarán un camino de corto recorrido, ya que las fuentes de la dirección consultadas aseguran que no prevén modificación alguna de las bases que pactaron con los sindicatos mayoritarios. La directora general de la Societat, Empar Marco, ya señaló en su última comparecencia ante las Corts que a pesar de que se había reunido con miembros de la Unió y otras asociaciones profesionales, los «interlocutores válidos» eran las organizaciones sindicales y es con ellos con los que se ha llegado al compromiso concretado en las bases de las bolsas temporales.

Así, se llega al siguiente escalón: el recurso judicial por la vía contenciosa administrativa. Es en este punto cuando la Unió volverá a celebrar una asamblea para decidir si a la demanda le añaden una petición de suspensión cautelar. Como ya ocurriera el pasado mes de junio, serán los socios de esta organización los que apunten en un sentido u otro. En caso de que se apruebe la suspensión cautelar (una opción que acarrearía gastos para las organizaciones demandantes), la reapertura de los medios antes de que termine la legislatura se antoja más que complicada.

La resolución publicada ayer establece un total de 35 perfiles profesionales diferentes para cubrir las necesidades informativas de Alicante, Castelló y València. Por primera vez, también se asignará un corresponsal en Barcelona.

En concreto, a partir de hoy y durante los próximos diez días queda abierto el plazo para las categorías de auxiliar administrativo, periodista, redactor audiovisual, SEO manager, experto en redes y comunicación, productores de informativos, programas, emisiones y ficción, gestor de contenidos, analista social media, ayudante de producción, meteorólogos, asesores lingüistas, grafistas, realizadores, operadores de cámara, sonido, control y sistemas, regidores, programadores, ingenieros de tecnologías de la información y telecomunicación, integradores de aplicaciones, iluminadores, técnicos de postproducción, electrónico e imagen y sonido, asesores musicales y documentalistas.