Cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se siente al mediodía del jueves en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, podrá poner encima de la mesa el volumen de la infrafinanciación valenciana: los fondos públicos que la comunidad que preside ha dejado de recibir para cubrir sus necesidades fundamentales y la brecha a igualdad de recursos en comparación con otros territorios de España de acuerdo con el modelo existente desde 2002 (PP) y reformado en 2009 (PSOE).

Solo en el primero concepto, el de la insuficiencia de recursos del sistema, el montante es considerable: 26.999 millones de euros. Esto significa que, a tenor del censo actual (más de 4,9 millones de habitantes), cada valenciano ha dejado de percibir 5.443,3 euros de fondos públicos en este periodo. Dinero que, como Puig reitera, podría haber ido a la construcción de colegios, hospitales, carreteras y a la mejora de la atención sanitaria o de la dependencia.

Para hacerse una idea de la magnitud del agujero, estos casi 27.000 millones equivalen al 60% de la deuda pública valenciana, cifrada en 44.111 millones. Significa que la Comunidad Valenciana podría tener el contador de sus cuentas mucho más saneado si hubiera gozado de una financiación ajustada a lo que era el gasto en servicios públicos básicos en 2009, fecha del actual modelo.

Y eso, a pesar de los desmanes de la corrupción y el despilfarro en los tiempos de bonanza económica, que suponen una parte del endeudamiento de la Generalitat. La cifra es, por tanto, un argumento en la cartera de Puig para la quita de la deuda que reivindica el Govern del Botánic.

La cantidad mencionada representa asimismo el presupuesto de más de un año y medio de la Generalitat Valenciana. El último, el del año en curso, asciende a 17.724 millones de euros.

El efecto de la infrafinanciación se puede analizar en dos dimensiones, según los datos que el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, reflejó en su voto particular al informe del grupo de expertos para la reforma de la financiación, del que ha formado parte.

Por una parte, está la parte mencionada que la Generalitat ha dejado de ingresar desde 2009 para la atención de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y dependencia) por la insuficiencia del modelo para garantizar este gasto. El balance es negativo en este caso para todas las comunidades autónomas.

Esta variable evidencia que todas han tenido que hacer recortes y endeudarse para sostener los servicios básicos.

Otra dimensión de la infrafinanciación es la cantidad que la Comunidad ha dejado de percibir desde 2002 en comparación con otras autonomías a igualdad de recursos por habitante. Aquí, la balanza es positiva para unas comunidades y negativa para otras. Algunas tienen sobrefinanciación y otras, infrafinanciación. La más perjudicada con diferencia en este tramo es la valenciana.

La pregunta final sería: ¿son 26.999 millones argumento suficiente para manifestarse en Madrid (o «montar el pollo», en versión Mónica Oltra)? Que cada colectivo ponga la respuesta que considere.