El próximo curso político se abrirá con muchos e importantes deberes para el Consell. El verano está resultando ser un aperitivo del plato fuerte que vendrá al acabar agosto, un mes que ya ha forzado al gobierno valenciano a trazar líneas de trabajo previas en materia de financiación autonómica o respecto a la situación de los centros educativos con la llegada, a su vez, del curso escolar. El anuncio de Mariano Rajoy sobre el aplazamiento de otro año en la aprobación del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, los continuos choques en los tribunales del decreto del plurilingüismo, las negociaciones de los presupuestos de 2018 con un Podemos que apretará al Consell con el fin de los barracones y con la superación del modelo de las Diputaciones son solo algunos de los frentes que el ejecutivo valenciano tendrá sobre la mesa a la vuelta de vacaciones, justo en el arranque del tercer año de legislatura, un ejercicio crucial para los socios de gobierno.
En materia de financiación autonómica -uno de los puntos claves de la agenda política valenciana-, en septiembre comenzará la parte más dura de las negociaciones en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El presidente Ximo Puig y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya están trabajando para marcar líneas estratégicas que permitan la llegada de un nuevo modelo de financiación autonómica lo antes posible tras el jarro de agua fría lanzado por Rajoy al anunciar que la falta de consenso entre comunidades aplaza otro año la reforma del sistema.
Las poca confianza que había de alcanzar un pacto que afectara, como pedía Puig, a los presupuestos de 2018 ya es nula y el acuerdo antes del fin de legislatura una quimera.
Todo ello pese al último informe de la Fundación para los Estudios (Fedea), firmado por un experto de Montoro en materia de financiación, Ángel de la Fuente, que ha vuelto a ratificar que la Comunidad Valenciana está a la cola de la financiación y que ya anticipa que será la autonomía más castigada por el retraso del nuevo modelo. Hay prevista una gran manifestación en Madrid, donde el PP ya ha dicho que no estará, y por otro lado los documentos del experto de la Generalitat en la negociación de la financiación, Francisco Pérez, echan humo en su lucha por argumentar que la Comunidad no puede seguir así. El asunto de la infrafinanciación de la Comunidad parece que se torna, a estas alturas, más punzante si cabe.
Pero la gran punzada al Consell se la están dando los tribunales en materia educativa con los continuos varapalos al decreto de plurilingüismo elaborado por la Conselleria que dirige Vicent Marzà.
El propio presidente de la Generalitat ya ha manifestado dos veces a lo largo de esta semana que si hay algún aspecto concreto del decreto que no se ajuste a la ley se modificará. Y es que el Consell tendrá que adaptarse, en pleno inicio del curso escolar, a lo que han dicho los tribunales. El TSJ suspendió de forma cautelar la norma a partir de un recurso de la Diputación de Alicante y una sentencia de finales de julio anula parte del mismo a instancias del sindicato CSI-F. A principios de septiembre está prevista una comparecencia del conseller Vicent Marzà en las Cortes para explicar las decisiones de su área.
En cuanto a las cuentas del Consell para 2018, también hay deberes con Podemos. Los socios del ejecutivo autonómico, PSPV y Compromís, se tendrán que sentar a hablar con la formación morada, que sustenta al gobierno valenciano por la vía parlamentaria, y que una vez ha decidido que no va a entrar en el gobierno optará, a todas luces, por la estrategia de apretar las tuercas con los presupuestos para conseguir sus mejoras sociales. El líder de Podemos, Antonio Estañ, se refería esta semana en declaraciones a este medio a que estarán muy vigilantes con la eliminación de barracones y con el cambio de modelo productivo, entre otras cosas, proyecciones que tendrán que tener su reflejo en las cuentas de 2018 para contar con el respaldo del grupo morado.
Precisamente el Consell tendrá que resolver a partir de septiembre cómo funcionará la nueva Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), el organismo impulsor del cambio del modelo productivo que exige Podemos y que la Generalitat quiere promover. Más que cuestiones de fondo, el presidente Puig tendrá que dirimir con el fin del verano cuestiones de forma, y plasmar en el día a día qué actividad se ha reservado para la sede institucional de la Agencia, la que estará en Alicante, y cuál para la sede operativa, fijada en la Plaza del Ayuntamiento de València. El «embolao» de la duplicidad de sedes, que ha generado malestar entre el empresariado alicantino, es otra de las cosas que el gobierno de Puig tendrá que medir bien para disipar el enfado manifestado por organizaciones empresariales que no vieron con buenos ojos que la AVI tuviera una segunda sede en Valencia tildada de «operativa» por el Consell.
Eso en un curso político en el que habrá que poner en marcha la nueva radiotelevisión valenciana, retomar el debate sobre el peso de las diputaciones en contraposición a un mayor peso de los municipios y comarcas -tal y como pedía Podemos esta misma semana- y con reformas a la vista para cambiar la ley electoral. Muchos deberes para un ejercicio crucial en la legislatura: el año previo a las elecciones municipales y autonómicas.
