La Comunidad Valenciana ha registrado en los últimos años numerosos casos de corrupción o fraude a la Administración en los que se han visto inmersos cargos políticos de primer nivel. En algunos de los ya juzgados dirigentes como el exconseller Rafael Blasco o el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, pasaron en meses de gestionar el dinero público a los barrotes de la prisión. Para frenar tantos excesos se ha dotado a la Comunidad de una agencia especial para perseguir prácticas corruptas y que se encuentra actualmente en construcción.
Sin embargo, pese a que su actividad aún no ha comenzado, sí se ha abierto ya el capítulo de denuncias, según ha sabido este esiario. La oficina ha recibido de forma reservada y a través de documentación enviada directamente al despacho que su nuevo director, Joan Llinares, al menos dos casos de posible corrupción. Se trata de cuestiones de relevancia, según las fuentes, que provendrían de épocas pasadas, pero que aún no habrían prescrito. Con todo, la oficina contra el fraude y la corrupción se encuentra actualmente con el freno para investigarlos que supone la falta de personal y recursos. Se trata de casos de relevancia penal que podrían acabar en el futuro en los tribunales o en la Fiscalía, ya que la agencia está obligada por la ley a denunciar cuando sus investigaciones arrojen suficientes indicios de actuaciones fraudulentas en cualquier instancia de la Administración.
La agencia contra el fraude ya tiene presupuesto, cuestión clave para el inicio de sus actividades, pero aún no ha publicado la relación de puestos de trabajo que necesita, prevista para septiembre.
Los recursos que la agencia tiene en la actualidad se limitan al propio director, el abogado Joan Llinares, y un despacho ubicado en la planta noble del parlamento valenciano. De momento no hay más y resulta absolutamente insuficiente para abordar la investigación de los presuntos casos de corrupción que ya se han denunciado y que evidencian, además, que la agencia era necesaria en una autonomía afectada como la que más por la corrupción y también que la oficina tendrá trabajo desde el primer día. Además, la agencia se dotará de un código ético para su funcionamiento, que recogerá las pautas para no entrar en colisión con otras instituciones como la Fiscalía, la Intervención o el Síndic de Comptes.
