06 de agosto de 2017
06.08.2017

Enrique Ortiz se juega este verano su gran contrata en la Diputación

El empresario presenta la oferta más barata para renovar los trabajos de limpieza en la institución provincial

07.08.2017 | 00:23

Se prevé adjudicar los servicios en el primer pleno de septiembre.

El conocido empresario alicantino Enrique Ortiz se juega este verano su gran contrata pública en la Diputación de Alicante: la de los servicios de limpieza de la institución provincial, así como la de sus organismos autónomos, trabajos que lleva prestando desde 2010, último año de la presidencia de Joaquín Ripoll.

El millonario contrato -uno de los de más cuantía en la corporación provincial- está previsto que se adjudique en septiembre durante el primer pleno ordinario de la institución, que tendrá lugar a mediados de mes, según aseguraron fuentes de la Diputación. Falta que la mesa de contratación -en la que no habrá políticos y que se reunirá a principios de septiembre, según las citadas fuentes- dé su veredicto sobre las propuestas de las siete empresas que han presentado oferta, entre ellas la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Tizor Hormigones y Asfaltos y Enrique Ortiz e Hijos, que se perfila como ganadora al ser la más barata de todas.

Los trabajos de limpieza de la Diputación, del museo Marq, del Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) y del Instituto Pedro Herrero para los próximos dos años con posibilidad de prórroga por otros dos se han licitado por 15.103.813 euros (9,14 millones para los próximos dos años). La última prórroga venció el pasado mayo y hubo que volver a sacar a licitación el servicio.

La del promotor inmobiliario ha sido la oferta más económica tras la apertura de plicas, con 7,8 millones por detrás de FCC, que concreta que hará los trabajos por un coste de 8,2 millones. El resto de firmas que optan a la contrata tras el rechazo de las ofertas de media docena de empresas son Eulen, Soldene, Valoriza Facilities SAU, Fissa Finalidad Social y Clece.

Después de haber perdido la contrata de la limpieza de las universidades y la limpieza de los colegios y dependencias municipales de Alicante el empresario se juega en la Diputación una de las grandes contratas pública que le queda en la provincia de Alicante, junto a la de la recogida de basuras en la capital. Tras su adjudicación en 2010 bajo la presidencia de Ripoll -a quien presuntamente Ortiz regaló dos pisos en el centro de Alicante por sus supuestos favores en la adjudicación del vertedero de la Vega Baja en el marco del Plan Zonal de Residuos para esa comarca, según consta en el sumario del caso Brugal-, el empresario volvió a hacerse con el servicio bajo el mandato de Luisa Pastor.

La pérdida de grandes contratas en la provincia ha sido paralela a la implicación de Enrique Ortiz en causas judiciales abiertas por corrupción como el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante o la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.

Aunque su oferta es la más ventajosa para la institución desde el punto de vista económico, fuentes de la Diputación no dan por hecho que eso implique hacerse con el servicio ya que hay otros criterios como maquinaria o criterios medioambientales que también se tendrán en cuenta a la hora de la puntuación.

La mesa de contratación tendrá que hacer el definitivo trámite de valoración de ofertas nada más concluir las vacaciones de agosto y que supondría el octavo de los acuerdos realizados por este comité, que ya lleva emitidos siete informes desde mayo ligados al expediente de la renovación de los servicios de limpieza de la Diputación, según consta en el portal de transparencia de la institución. Debido a que se trata de una adjudicación millonaria tendrá que pasar por la aprobación del pleno de la corporación.

Cabe recordar que el actual presidente de la Diputación, César Sánchez, anunció nada más llegar a la institución que las mesas de contratación no contarían con la participación de políticos para evitar cualquier sospecha después del goteo de casos judiciales que afectaron al PP y a políticos de esta formación, como precisamente Joaquín Ripoll, procesado junto a Ortiz en las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública del Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja que destapó el caso Brugal.

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