El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió ayer a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes «abordar la fase política de esta negociación con la mayor fortaleza, unidad, disposición y determinación posible» para que se cumpla el calendario previsto para la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica -aplicarla en los presupuestos de 2018- y conseguir «lo que se merecen el conjunto de los ciudadanos de laComunidad». Así lo dijo Puig tras presidir una reunión extraordinaria de la comisión mixta del Consell y las Cortes con motivo de la presentación del informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación, en la que han participado la vicepresidenta Mónica Oltra; el conseller Vicent Soler; el representante de la Comunidad Valenciana en la comisión de expertos, Francisco Pérez; así como miembros de las cinco formaciones políticas con representación en el parlamento valenciano.

Puig incidió en la importancia de que «continúe el calendario previsto» para alcanzar antes de final de año el acuerdo por un nuevo modelo de financiación, tal y como se consensuó en la Conferencia de Presidentes del pasado febrero. Habrá presión desde la Comunidad. Habrá manifestación promovida por los sindicatos y la sociedad civil. Contará con el visto bueno del Consell y de los socios del Botànic. Sólo falta ponerle fecha. La pretensión de las fuerzas sindicales es que pudiera celebrarse el 30 de septiembre, pero Puig es reacio a esa propuesta para que no se confunda con el referéndum independentista en Cataluña, que está previsto para el 1 de octubre. Al Consell le giustaría que la manifestación se convocara unos días antes o después del 9 d'Octubre contando, además, que el presidente tiene esos días intensa agenda con viaje a Bruselas el 10 y la salida de la Volvo en Alicantre.

El jefe del Consell mostró su satisfacción por el cumplimiento de la cronología con la presentación del informe de la comisión de expertos que «entronca en gran medida con los planteamientos que sostiene desde hace tiempo la comisión de expertos valencianos». Sin embargo, lamentó que la insuficiencia financiera a la que apunta el informe, valorada en 16.000 millones de euros anuales, se haya agravado durante la crisis. Por su parte, Oltra destacó que la reunión se desarrolló en un ambiente de consenso por parte de las diferentes formaciones políticas. En esta línea, emplazó a todos los partidos a seguir trabajando «desde el ámbito político» para reivindicar «aquello que no se ha reflejado en el documento, como la regularización de la deuda». El representante socialista José Muñoz reiteró la necesidad de que el Estado incremente su aportación a las comunidades y que acepte la quita. Fran Ferri, síndic de Compromís en las Cortes, sostuvo que es necesario una condonación de la deuda histórica.

El diputado de Cs Tony Woodward ve necesaria una reestructuración de la deuda para que la Comunidad Valenciana «que no eche el cierre por problemas financieros», pero explicó que una quita sería inviable si se trata de hacer «un nuevo parche al sistema para que recaiga de nuevo sobre los ciudadanos». Desde el PP, el diputado Rubén Ibáñez remarcó que su partido, en 2013, ya planteó una propuesta sobre la reestructuración de la deuda histórica y solo la apoyó su grupo. Sin embargo, aseguró que desde el grupo popular apoyarán este modelo que «prima un fondo equitativo e igualitario para todos los territorios y para todas las personas» aunque, desde luego, también rechazó aplicar una quita.