El Consejo de Política Fiscal celebrado ayer en Madrid culminó con un mensaje impreciso y negativo para la Comunidad Valenciana respecto a si habrá más financiación antes de que acabe el año. La única conclusión clara que pudo extraerse de las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es que el cambio de la financiación autonómica para este año está en el aire y que no hay garantías de que se aplique con carácter retroactivo a 2017 tal y como solicitó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y en la línea que marcó la Conferencia de Presidentes el pasado mes de febrero. Esa garantía que ansiaba la Comunidad para que los presupuestos de 2018 -que tienen que presentarse en otoño- puedan elaborarse ya con el nuevo sistema como pedía Puig no ha llegado y la autonomía peor financiada de España seguirá con la lengua fuera para cuadrar sus cuentas y cubrir sus servicios públicos. El cálculo de la Generalitat es que, para cubrir el sistema, hacen falta 1.300 millones, que se vienen presupuestando como ingreso ficticio a modo de reclamación al Estado.
Respecto a la aprobación del nuevo sistema de financiación, Cristóbal Montoro indicó tras concluir el Consejo -presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría- que no es una tarea del Gobierno, que está en minoría, sino que «debe ser un trabajo conjunto con el PSOE y las comunidades gobernadas por los socialistas y los nacionalistas». En su comparecencia indicó que las comunidades tendrán el año que viene para financiarse algo más de 105.040 millones de euros, incluidos unos 9.000 millones de la previsión de la liquidación del ejercicio del 2016. De ese montante montante global, 95.995 corresponderán a entregas a cuenta y los otros 9.045 a la previsión de liquidación del 2016, según detalló Montoro.
Por su parte el conseller de Hacienda de la Generalitat, Vicent Soler, que asistió a la reunión del Consejo acompañado por la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, y el director general de Presupuestos, José Moreno, reclamó que se cumplan «los compromisos» de la Conferencia de Presidentes y que antes del 31 de diciembre de este año se negocie un nuevo sistema de financiación. Lo que busca el Consell es poner a cero el contador de la deuda mediante una quita equivalente a la infrafinanciación acumulada, unos 21.000 millones de euros. Soler recuerda que la Comunidad cuenta de sobra con «argumentos morales» para exigir la quita.
Por otro lado, Montoro presentó a las comunidades la senda de cumplimiento del déficit que se fija en el 0,4% para 2018, en el 0,1% para 2019, y que para 2020 prevé alcanzar el equilibrio presupuestario. Los objetivos de déficit para el próximo trienio salieron adelante con el voto a favor de ocho comunidades autónomas (las cinco del PP, Canarias, Ceuta y Melilla) frente al voto en contra de nueve autonomías, entre ellas la Comunidad. Respecto al Plan Económico Financiero (PEF) que ha tenido que hacer la Generalitat por superar el límite de déficit en 2016 fijado por el Gobierno. El Ministerio de Hacienda considera «idóneas» las medidas incluidas por el Consell. El documento refleja la reivindicación de 1.300 millones más para mejorar la financiación autonómica, ahora nuevamente en el aire.
