28 de julio de 2017
28.07.2017

El Consell aprueba la ley de Mediación para evitar juicios llegando a acuerdos previos

La mediación es un procedimiento caracterizado por la intervención de un mediador profesional, neutral e imparcial que facilita el acercamiento de posturas

29.07.2017 | 02:28
El Consell aprueba la ley de Mediación para evitar juicios llegando a acuerdos previos

El Consell ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana para la resolución extrajudicial de los conflictos, que será idónea para diferentes ámbitos, salvo el penal, y gratuita para los beneficiarios de la justicia gratuita.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado el anteproyecto tras el pleno del Consell y ha destacado que la mediación es un 75 % más barata que la vía judicial, más rápida (un plazo de tres meses) y "muy eficaz" porque ayuda a reducir la litigiosidad y gastos en los juzgados.

La ley ofrece novedades respecto a la norma estatal aprobada en 2012 al ser "más ambiciosa", ya que caben todas las materias excepto la penal, incorpora la novedad de la mediación gratuita y establece un régimen sancionador.

El objetivo de la ley es implantar, desarrollar e impulsar un marco jurídico en el que incorporar los procedimientos de mediación que se desarrollen en el ámbito de la Comunitat, fomentando el acceso de la ciudadanía a este método extrajudicial de solución de conflictos.

La mediación es un procedimiento caracterizado por la intervención de un mediador profesional, neutral e imparcial que facilita el acercamiento de posturas entre las personas en conflicto y propone posibles soluciones, con el fin de que ambas partes logren un acuerdo satisfactorio y eviten llegar a los tribunales.

La implantación de la resolución de conflictos a través de la Ley de mediación será idónea en multitud de ámbitos como el familiar, el sanitario, el cooperativo, el empresarial, el comunitario o el administrativo, entre otros.

Además, conllevará una considerable reducción de costes tanto para los particulares como para el sector público, y contribuirá a la descarga de los procesos jurisdiccionales ante los tribunales de justicia.

Para impulsar esta medida se crea el Centro de Mediación de la Comunitat Valenciana, que tiene como labor coordinar todas aquellas actuaciones que en materia de mediación. De él dependerá el Registro de Personas y Entidades Mediadoras.

Asimismo, la ley prevé la prestación de servicios de mediación gratuita para quienes siendo personas beneficiarias del derecho de justicia gratuita opten por acudir a la mediación para resolver sus controversias.

Por otra parte, el pleno del Consell ha aprobado la designación de los representantes de la Generalitat en el Consejo de Administración de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV).

Ha designado a la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, como presidenta del Consejo de Administración de la ATMV; el vicepresidente será el secretario autonómico Josep Vicent Boira, y el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, ha sido designado como miembro del consejo.

La Autoridad cuenta con un Consejo de Administración compuesto por 7 representantes nombrados por la Generalitat, 5 por el Ayuntamiento de València y 2 por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que deberán designar sus miembros.

El Consell también ha aprobado la adhesión de la Generalitat al convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Consejo General del Notariado, por el cual se permite la remisión telemática de poderes notariales a terceros y sus revocaciones al Registro Electrónico de Apoderamientos.

Además, ha acordado financiar a los Centros Especiales de Empleo que en 2016 no recibieron subvención por agotamiento de presupuesto con un importe total máximo de 696.183 euros.

También ha aprobado la suspensión del Plan General de Dénia de 1972, a petición del Ayuntamiento de la localidad, después de la anulación del Régimen Urbanístico Transitorio (RUT) por sentencia del Tribunal Supremo en junio de 2017.

El objetivo de la suspensión es evitar que el municipio sufra las consecuencias de aplicar un PGOU obsoleto, que no se adapta a la realidad física actual del municipio.

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