El enfrentamiento que el Consell ha mostrado a lo largo de esta semana con el Gobierno Central se recrudeció ayer con el decreto que regula los usos del valenciano en la Administración Pública como telón de fondo de la batalla. La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, lamentó que el Gobierno de España «solo sepa relacionarse con la Generalitat a base recursos», una política de marcaje al Consell que también está aplicando con firmeza la Diputación de Alicante, en su caso con el decreto sobre el plurilingüismo como centro de la diana del Partido Popular.

Mónica Oltra, que hizo estas declaraciones en relación al recurso interpuesto por el Gobierno de España contra el citado decreto sobre los usos de las lenguas en la Administración, fue crítica con la acción de la delegación del Gobierno por presentar recursos sobre normativas «que en otras comunidades autónomas se están aplicando desde hace años y que lo que quieren es ampliar derechos». En este sentido, señaló que «cada vez que amplían derechos, el Gobierno de España contraataca con un recurso» y aludió a la Sanidad Universal o al derecho de las personas trans de autodeterminar su género como ejemplo de casos en los que el Estado ha recurrido.

En el caso del decreto valenciano de uso de lenguas en la Administración, Oltra puso de manifiesto que se trata «del derecho que tiene cualquier persona que vive en la Comuidad Valenciana a elegir la lengua con la que se quiere relacionar con la administración» dentro de las dos lenguas cooficiales existentes. La única manera de garantizar ese derecho, recordó la vicepresidenta, pasa porque la Administración domine las dos lenguas cooficiales. El Estatuto de Autonomía que se aprobó en 2006 así lo afirma, y habla de dos lenguas oficiales en la Comunidad «pero que la lengua propia es el valenciano», matizó la vicepresidenta Oltra.

Al respecto, añadió que el gobierno de la Generalitat está trabajando en promocionar esa lengua «propia, en muchas ocasiones minorizada, y en garantizar el derecho a cualquier valenciano a relacionarse con la Administración en la lengua de su elección» y criticó que «cada vez que se quiere ampliar derechos, el Gobierno de España lo que hace es intentar recortarlos». Anunció que negociarán con el Ejecutivo central «en esas comisiones bilaterales para que entiendan que en ningún caso queremos ser ciudadanos de segunda».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que el Gobierno debe explicar por qué está en contra del valenciano y no acepta que en la Comunidad existan dos lenguas cooficiales. «Creo que alguna vez deberá explicar el Gobierno de España por qué no acepta la realidad de que en la Comunidad Valenciana hay dos lenguas oficiales, el valenciano y el castellano», aseguró Puig.

El jefe el Ejecutivo valenciano hizo hincapié en reclamar esa explicación: «¿Por qué se está en contra del valenciano? Eso es lo que tiene que explicar el Gobierno de España», dijo el jefe del Consell en una semana en la que la relación entre Madrid y València se ha tensado aún más. Puig también se refirió a la declaración de ayer de Mariano Rajoy en el juicio de Gürtel como testigo señaló que «es exigible» a esta formación «la asunción de una responsabilidad política porque durante mucho tiempo se hicieron trampas para ganar elecciones».