26 de julio de 2017
26.07.2017

Nueva financiación: más dinero para la Comunidad pero sin quita de la deuda

La mayoría de los expertos de Montoro avala que el Gobierno aporte fondos adicionales en el nuevo sistema, que ahora debe empezar a negociarse

27.07.2017 | 03:00

Una de cal y otra de arena. El esperado informe de los expertos que debe servir de base al Gobierno central para el nuevo modelo de financiación autonómica recoge una de las reivindicaciones claves del Consell (acabar con el trato desigual en el reparto de los recursos), si bien pone pegas a su aplicación inmediata. La comisión, integrada por 21 miembros nombrados por el Gobierno y las autonomías, considera «necesario» eliminar la cláusula del status quo recogido en los anteriores modelos, si bien reconoce que hacerlo de forma inmediata puede generar «dificultades políticas». Por ello, propone una eliminación progresiva que debería ser objeto de una negociación posterior.

Acabar con el principal elemento de la desigualdad era el principal caballo de batalla de la Generalitat, tanto de la actual, como de la administración popular. Esta cláusula, que cuesta 1.300 millones de euros cada año a la Comunidad Valenciana, es la que ha mantenido los privilegios para que las autonomías que más dinero reciben no pierdan a través del Fondo de Suficiencia que sellan el trato desigual. El status quo es el causante de que la Comunidad lleve años a la cola de la financiación por habitante. Los expertos admiten que con el modelo actual la financiación por habitante ajustado es «desigual» y no responde a un criterio claro. Pese a que el diagnóstico es claro, falta contundencia a la hora de decretar el fin de los privilegios. Plantean que en el año base del nuevo modelo «ninguna comunidad pierda recursos en términos absolutos respecto a lo obtenido con el modelo anterior» y que la «absorción de las diferencias» se haga de manera progresiva. Dado que los expertos abogan porque el sistema garantice la igualdad entre territorios en la financiación, esta fórmula progresiva podría permitir a la Comunitat llegar a la media: «El objetivo prioritario es preservar la suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales con independencia de la administración que los presta y a partir de ahí, disponer de recursos para nivelar completamente estos servicios entre las comunidades».

La conclusión es que por lógica se necesitarán recursos adicionales. Los expertos dicen que el volumen total deberá pactarse entre todas las administraciones y prevé una aportación de las comunidades forales a la nivelación interregional. La otra cara de la moneda es que, en caso de necesitarse más recursos, el dinero provendría del incremento en los tributos de las comunidades autónomas, fundamentalmente mediante el incremento de los tipos autonómicos del IVA y los impuestos especiales o de tributos cedidos.

Los temores de los expertos sobre la batalla política que se avecina si se quitan los privilegios a ciertos territorios (los expertos no cuestionan el cupo vasco) tienen ya reflejo en los votos particulares que ocupan el 40% de las 160 páginas del informe. Así, los expertos de las comunidades amenazadas se revuelven contra la decisión de acabar con la cláusula, mientras que otros consideran que la redacción es ambigua y que la eliminación debe ser inmediata.

La parte del informe más frustrante para los intereses de la Generalitat es la referida a cómo afrontar el problema de la deuda. La comisión se muestra dividida, pero son mayoría quienes rechazan una quita de la deuda, fundamentalmente la que proviene de los fondos de rescate. Estiman que la amortización íntegra de su capital y el pago de los intereses son compromisos que deben cumplirse sin excepción porque una quita generaría «incentivos perversos» de cara el futuro e injusto para quienes han cumplido los compromisos de estabilidad. Aceptarían sólo una «reestructuración de la deuda» ampliando los plazos y añadiendo periodos de carencia e intereses favorables.

Otros especialistas, entre los que se encuentra el experto propuesto por el Consell, Francisco Pérez, abogan, sin embargo, por una reducción de la deuda para hacer frente al problema de insolvencia y permitir la vuelta a los mercados financieros. Pérez calcula que la Comunidad necesitaría reducir 21.58 7 millones para recuperar la solvencia.

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