26 de julio de 2017
26.07.2017

El Gobierno recurre el decreto de uso del valenciano... por la relación con Cataluña

Cuestiona que autonomías que comparten una misma lengua propia oficial junto al castellano se puedan comunicar a través de ella

27.07.2017 | 01:31
El delegado Juan Carlos Moragues.

La Abogacía del Estado de la Delegación de Gobierno en la Comunidad ha interpuesto un recurso contencioso contra el recurso que regula el uso del valenciano en la administración autonómica. En un comunicado, la delegación del Gobierno indica que tras el análisis jurídico de dicha norma, la Abogacía del Estado entiende que «se recogen preceptos problemáticos que pueden resultar contrarios a la ley y a la Constitución». Concretamente, entre los artículos «cuestionables» están aquellos que prevén que las notificaciones, copias de documentos redactados en valenciano, y comunicaciones de la Administración de la Generalitat, que hayan de surtir efecto o estén dirigidas a «comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano», se redactarán en la lengua común diferente al castellano.

Según la Delegación de Gobierno, «parece evidente que para que estas comunicaciones desde la Comunidad pudieran ir redactadas en valenciano, tendrían que ser dirigidas a Comunidades autónomas con la misma lengua cooficial, situación que, evidentemente, no es posible, al ser el valenciano una lengua cooficial únicamente en la Comunidad». Así el recurso no entra en el conocimiento de los funcionarios de las dos lenguas oficiales, ya avalado por el TSJ, sino que cuestiona la relación institucional del Consell con Cataluña y Baleares.

Asimismo, el artículo 20 prevé como requisitos que deben constar en los diferentes pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de los contratos que aprueben los órganos de contratación, que los contratistas utilicen el valenciano en los bienes y en los servicios que son objeto del contrato, de manera especial en el etiquetado, en el embalaje, en las instrucciones de uso y en atención a la ciudadanía. «Esto parece vulnerar el principio de libertad de circulación», afirman.

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