Casi un año. Ese es el tiempo que ha tardado el Gobierno central en responder a una pregunta escrita en el Congreso. El pasado 20 de septiembre, el diputado de Compromís por Alicante Ignasi Candela se interesó en la Cámara Baja por los planes del Ministerio de Fomento respecto a la AP-7. El parlamentario alicantino registró un escrito en el Congreso, recordó que en 2019 expira la concesión de la autopista con Aumar y quiso saber si el propio Gobierno asumirá la gestión directa de la vía. Eso fue el 20 de septiembre de 2016. El tiempo fue pasando, el Gobierno mantuvo su silencio y Candela dio prácticamente por hecho que la respuesta no llegaría. Sin embargo, Madrid ha terminado ofreciendo explicaciones. En un escrito fechado el pasado 13 de julio (prácticamente 10 meses después de la pregunta), el Ejecutivo ha despachado el futuro de la AP-7 en un escaso párrafo de poco más de dos líneas. «Respecto a la AP-7, el Ministerio de Fomento no tiene previsto prorrogar el contrato concesional y tomará, de modo consensuado con las Administraciones, la forma de gestión una vez finalizado éste». Esa es su respuesta.

En ella, el Gobierno confirma que Aumar no continuará gestionando la autopista cuando expire la concesión, pero no aclara si la AP-7 será totalmente gratuita a partir de entonces o, por el contrario, habrá «peajes en la sombra» o una «viñeta», como ha venido denunciando la consellera de Infraestructuras, María José Salvador. La titular del área incluso ha convocado este año a alcaldes afectados con el fin de hacer presión y conseguir así que la vía ya no sea de pago a partir de 2020.

En su escrito en el Congreso, el propio Ignasi Candela puso cifras al negocio de la AP-7. «Se trata de una autopista de peaje que actualmente ingresa alrededor de 130 millones de euros cuando los costes para la empresa concesionaria se cifran en unos 35», explicitó el dirigente de Crevillent.