El Partido Popular tendrá que justificar hasta el último céntimo de los 172.000 euros que recibió directamente de su grupo en la Diputación para cumplir con el reglamento interno de la institución y tratar de evitar un posible conflicto judicial. La normativa certifica que no se puede transferir directamente el dinero de una cuenta a otra para gastar de forma discrecional en el funcionamiento y que el destino de esos fondos debe responder única y exclusivamente a actividades conjuntas del grupo de la Diputación -estipuladas en ese mismo reglamento- con el partido. La contabilidad colgada por el PP de la Diputación en su página web, lejos de poner encima de la mesa cada factura, se limita a apuntar que el grupo provincial ingresó esos 172.000 euros -el 80% de toda su asignación en 2016, año de elecciones generales- a las arcas del partido. Sin entrar en ningún detalle.

El reglamento vigente en la Diputación, en su artículo 9, es bastante claro. «Los grupos políticos podrán transferir los fondos asignados anualmente a cada grupo, a su agrupación política provincial». Pero acto seguido apunta: «La transferencia de fondos deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido, debiéndose aportar por éste certificado al grupo, de que la transferencia efectuada se corresponde con gastos indivisibles imputables al citado grupo provincial». La contabilidad del PP se limita a apuntar que se ordenó esa transferencia de 172.000 euros pero no se aporta ni un sólo justificante. Ni mucho menos de que el dinero se gastara en actos conjuntos ligados a la acción política del grupo provincial popular.

El martes, después del pleno provincial y en conversación con este periódico, Carlos Castillo, portavoz del PP, de hecho, llegó a considerar justificada la transferencia de fondos. «Está controlada la salida del dinero y luego una vez está en las cuentas del partido, lo audita el Tribunal de Cuentas», explicó pero sin precisar el destino final de cada euro. «Es una transferencia para sostener el funcionamiento del partido que puede estar ligada o no a actividades que tengar que ver con la Diputación», zanjó dejando en el aire que parte del dinero se haya utilizado para acción política que nada tiene que ver con la institución provincial. En cualquier caso, el PP debe justificar el conjunto de ese gasto para cumplir con la norma.

En su momento, el PP rechazó rebajarse la asignación y se la mantuvo íntegra en 214.000 euros.Los socialistas y Compromís, por su parte, se la redujeron en dos tercios. El PSPV se quedó en 39.000 euros, de los que gastó seis mil en actividades del grupo, transfirió 11.000 al partido pero justificados con acciones de asesoría jurídica y otros 22.000 los ha devuelto. Compromís, que denunció esta situación, no ha transferido ni un euro a la estructura del partido y considera que el PP «ni siquiera se ha leído la ordenanza».