Ataque frontal por tierra, mar y aire del PP contra Compromís. La síndica popular en las Cortes, Isabel Bonig, se trajo a València a su homólogo en el Congreso, Rafael Hernando, para elevar la presión contra Vicent Marzà por el plurilingüismo -amenazó con acciones penales contra el conseller- y poner en duda la financiación de la coalición de Mónica Oltra. Bonig aseguró que el Gobierno valenciano lleva a cabo «una insumisión en toda regla» al seguir aplicando el decreto de plurilingüismo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad suspendió cautelarmente, por lo que recomendó a los profesores y directores de centros educativos que pidan a la conselleria de Educación instrucciones por escrito para evitar incurrir «en responsabilidad patrimonial y personal».

Bonig se manifestó en estos términos en el parlamento valenciano, tras mantener una reunión con Rafael Hernando. A juicio de la parlamentaria, que pidió el cese inmediato del responsable de Educación, Vicent Marzà, y la comparecencia urgente en la diputación permanente de las Cortes del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el conseller «vulnera la ley» al aplicar el decreto suspendido de forma cautelar por el TSJ y propuso que puedan incurrir en responsabilidad patrimonial o personal quienes no acaten y ejecuten la sentencia.

Hernando, por su parte, consideró que la comisión parlamentaria que va a estudiar la financiación del PP supone un «encubrimiento» entre PSOE, Cs y Podemos para evitar dar explicaciones sobre el gasto de sus campañas electorales. En este sentido, espera que los tesoreros de estas tres formaciones expliquen cómo han financiado sus campañas, «y que en próximos días lo haga también el tesorero de Compromís, que no sabemos si existe porque no lo tenemos identificado», precisó. «Que venga al Congreso también a aclararnos su financiación, porque hay serias dudas sobre la legalidad de la financiación de esa formación también», subrayó el popular Rafael Hernando.