11 de julio de 2017
11.07.2017

El Consell acepta cambios en la Ley de Cooperación para evitar una batalla judicial con el Gobierno

Transparencia asegura que la norma está consensuada pero que facilitará cualquier tipo de reforma del texto

12.07.2017 | 00:58

La Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales ha puesto objeciones a dos artículos del proyecto de Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Generalitat Valenciana, unas observaciones que ha trasladado al Gobierno valenciano para que las valore y, «con el alcance y en la forma que estime más apropiada», pueda «despejar de antemano» cualquier problema que en el futuro se plantee con la aplicación de esa norma. Así consta en la carta que se ha hecho llegar a la Generalitat, por parte del director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, en la que se explica que esta administración ha examinado este proyecto de ley, sobre el que Hacienda formula observaciones.

La Inspección General del Ministerio de Hacienda apunta, en primer lugar, que dado el «carácter de acción exterior del Estado de la política de cooperación internacional para el desarrollo», considera conveniente que el texto del Consell recoja «el sometimiento expreso al artículo 20 de la ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional al desarrollo, por cuanto que la aplicación de los principios recogidos en el artículo 3 podrían no ser coincidentes con las prioridades establecidas en la sección segunda del capítulo I» de esa norma. En segundo lugar, se consideran no constitucionales aspectos del artículo 16 de colaboración en el extranjero, por cuanto que el artículo 143 de la Constitución atribuye al Estado las relaciones internacionales».

Sin embargo, desde la Conselleria de Transparencia de la Generalitat se ha destacado que la ley valenciana «está consensuada por el Consell Valencià de Cooperació y ha pasado todos los organismos necesarios para su tramitación». Actualmente, la norma, aprobada en abril por el Pleno, está ahora en fase de debate en las Cortes y, desde la Conselleria «se va a facilitar cualquier tipo de reforma que se plantee ante esta cuestión». El departamento de Manuel Alcaraz quiere evitar así una batalla legal con el Gobierno.

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