El valenciano, de nuevo en el centro de la polémica. El presidente provincial del PP, José Císcar, anunció ayer que su partido presentará un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Consell de usos administrativos de la lengua. En una comparecencia en el Ayuntamiento de Alicante junto a la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, y el portavoz del grupo municipal popular, Luis Barcala, Císcar consideró «ilegal» el decreto y aseguró que «atacar» el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad.

El también diputado autonómico señaló que, al igual que ha ocurrido con el decreto del plurilingüismo y el de «la eliminación de los copagos farmacéuticos», se va a producir «otro desaguisado» con la norma relativa a los usos administrativos del valenciano, que prevé que se potencie la lengua propia en la administración. «Advertimos una vez más de que es una norma que margina el uso del castellano», recalcó Císcar, quien matizó que desde el PP están a favor de que «se promocione el uso del valenciano» y su conocimiento «como lengua autóctona». «A partir de ahí que se subvencione, que se promocione, que se busquen medidas de fomento, que se haga lo que se tenga que hacer, pero que eso no sea a costa de marginar» a las personas que no hablan valenciano en la Comunidad, apostilló.

Císcar insistió en que el decreto, «en la medida en que impone el uso exclusivo del valenciano para temas tan importantes como son las comunicaciones internas, las actuaciones internas de la Administración, las publicaciones, las páginas webs, las contrataciones públicas y las relaciones con los ciudadanos», ataca «directamente» el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. Y agregó: «Parte de la base de que todo el mundo conoce el valenciano, pero sabemos que eso no es cierto; ojalá pudiera ser así».

La aplicación de este decreto afectará a «muchísimos funcionarios», auguró el presidente provincial del PP, quien recordó además que la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983 establece que se valorará el conocimiento del valenciano para el acceso a la función pública. «El valenciano no es un requisito obligatorio. Es más, el artículo 29 de esa misma ley señala que el Consell de la Generalitat propiciará la enseñanza del valenciano a los funcionarios con arreglo a los principios de gradualidad y voluntariedad», zanjó.