El Consell se tendrá que apañar, al menos de momento, con las «migajas» que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enviará a las arcas valencianas y, además, con la evidencia, certificada ayer de nuevo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de que la Comunidad continúa a la cola en el reparto de la financiación autonómica. Una reforma que sigue pendiente a pesar de que el sistema lleva casi cuatro años caducado. La «fuga» del voto del gobierno socialista de Extremadura -optó por la abstención después de que en su día abogara por entregar el gobierno a Mariano Rajoy- permitió al PP sacar un techo de gasto para 2018 que deja el tope de déficit para la Generalitat en el 0,4% del PIB, lo que supone apenas 100 millones más de gasto extra. Una cantidad insuficiente y un techo que, en cualquier caso, será imposible de cumplir de mantenerse el actual reparto de la financiación, que perjudica al Consell en más de 1.300 millones anuales.
El Ejecutivo autonómico salió en tromba contra la decisión de Montoro. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, aseguró estar «harto» de que «el Gobierno central cargue sus problemas sobre las espaldas de las autonomías a costa de los servicios básicos. Las autonomías gestionamos el Estado del Bienestar», subrayó. Hemos votado en contra de esta propuesta de Hacienda por «coherencia» y porque «discrepamos con la distribución que realiza este Gobierno», aseveró Vicent Soler. El conseller Manuel Alcaraz, como portavoz del Gobierno en ausencia de Mónica Oltra, calificó la situación de «insostenible» y aseguró que se trata de una «provocación más para el pueblo valenciano».
Pero las «sorpresas» de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no se quedaron sólo en los movimientos políticos de autonomías socialistas para favorecer las tesis de Montoro. Durante la reunión se desveló que la Generalitat tendrá que cobrar en julio un total de 1.680 millones correspondientes a la liquidación del sistema de 2015, la Comunidad que recibirá de largo más dinero -evidencia del injusto sistema de financiación- y 141 millones más de lo que estaba previsto. «Estamos ante una desviación de la desviación que ya de por si supone la liquidación, con dos años de retraso, de un dinero que nos pertenece», se quejó Soler. «Esta Comunidad va a recibir en julio una cantidad que nos corresponde desde 2015, dos años en los que el Gobierno central ha retenido este dinero en su caja y lo entrega con cuentagotas a través de los anticipos, provocando problemas de tesorería».
