Una de las leyes dirigida a vaciar de contenido la Diputación y reducir el peso de la estructura provincial en favor de las comarcas ha quedado, al menos por ahora, fuera del trámite parlamentario. Compromís tuvo que retirar ayer del pleno de las Cortes -el último ordinario de este periodo de sesiones- el inicio del debate de la nueva legislación de demarcaciones comarcales. Ni había consenso entre los socios del Consell -los socialistas tienen serias dudas- ni tampoco entre las diferentes patas de Compromís, especialmente, entre alcaldes y cargos locales del Bloc que tienen sus reservas sobre una norma que capitanea un parlamentario de Iniciativa, la formación de Mónica Oltra. La cúpula alicantina del PP se había revuelto contra esta norma y también contra la Ley de Mancomunidades -otra que está pendiente de trámite en las Cortes- al entender que supone un ataque directo contra la Diputación de Alicante, principal bastión institucional que le queda a los populares en la Comunidad como contrapeso al Pacte del Botànic.

La intención de Compromís, al menos así lo explicitaron desde el grupo, es intentar abrir un proceso para recoger aportaciones en el ámbito municipal y tratar de retomar la cuestión más adelante. El diputado Paco García Latorre, impulsor de la propuesta, negó que la solicitud de aplazamiento para iniciar la tramitación se deba a la falta de acuerdo. El parlamentario de Compromís aseguró, por contra, que el objetivo es intentar conseguir la «máxima participación de las entidades locales» y no es el momento de abrir este debate. «No es la mejor fórmula porque muchos consistorios ya no celebrarán plenos hasta la vuelta de vacaciones», apuntó. En cualquier caso, García Latorre aseguró que en septiembre se volverá a debatir su entrada en las Cortes y recordó que la norma ya pasó por la mesa del Consell con criterio favorable.

El borrador había levantado ampollas en comarcas del área metropolitana de la ciudad de València y también en Alicante por el intento de diluir la estructura territorial sin tener en cuenta que se trata de la provincia más grande de toda España que no es capital de una comunidad autónoma. La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, por su parte, se mostró muy crítica, en la misma línea que ya habían verbalizado los populares alicantinos. Advirtió de que no se pueden usar las instituciones para «falsear» porque la verdadera razón, a su entender, de la retirada de este punto es claramente política: «Ha generado una grave crisis dentro del Titanic y en una parte de Compromís». Hay un sector del Bloc, explicó Bonig, «horrorizado» con esta ley que comparó con una operación para imponer la estructura territorial de Cataluña.

Por otra parte, Podemos, Compromís, PSPV y Ciudadanos acordaron también retirar del punto del día del pleno la votación para aprobar definitivamente la reforma de la Ley de la Sindicatura de Comptes, una iniciativa de la formación morada, y aplazarla a setiembre para seguir negociando y llegar a acuerdos, mientras que el PP ha advertido de que esta decisión se debe a que «el Gobierno del Titanic no tiene los tres quintos necesarios, que son 60 diputados». La ruptura de Cs y las reticencias de los socios del Consell sobre el texto de los morados obligan también a dilatar la tramitación.