La Fiscalía no escatima críticas a la «burda tramitación» de los expedientes por el «hecho de disponer de tan elevadas cantidades de los fondos públicos (3,6 millones de euros) o «el dato de no exigir justificación alguna de los gastos». Según la Fiscalía, «tanto los acusados como los cooperadores necesarios, como los que tenían la condición de autoridad o funcionario público, eran conscientes de la arbitrariedad de las decisiones, de que éstas solo beneficiaban a la empresa Nóos, es más, que la contratación tenía como única motivación la identidad del (...) señor Urdangarín».
