En el ecuador de la legislatura está por ver si el Ejecutivo de Ximo Puig podrá librarse de la hipoteca reputacional dejada por los gobiernos del PP en forma de casos de corrupción, pero lo que es seguro es que no podrá librarse de la losa de la deuda ni parar su incremento. La Cuenta General de la Generalitat referida al ejercicio de 2016, la segunda aprobada por el Consell del Botànic, eleva el pasivo de la Administración (todo lo que debe tanto a largo como a corto plazo) a 48. 279 millones de euros, un 5% más que el último balance.

La deuda es casi tres veces un presupuesto y si se repartiera entre las 4.959.968 personas censadas en la Comunidad Valenciana en 2016, cada una tendría que pagar 9.733 euros para saldarla. No es de extrañar que ayer el titular de la Conselleria de Hacienda, Vicent Soler, lanzara un grito de desesperación en la rueda de prensa posterior al pleno del consell en la que explicó el balance de la Generalitat: «Así no se puede gobernar, ni pagar, ni hay autonomía», exclamó.

El incremento del pasivo exigible en 2.433 millones de euros que recoge la Cuenta General se explica sobre todo por dos factores. El principal es la necesidad de hacer frente a los resultados negativos como consecuencia de la infrafinanciación acumulada de la Comunidad Valenciana. Así, el volumen de los créditos a largo plazo pasa de 33.858 a 37.717 millones, debido a la dependencia financiera del Consell del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Consell ha logrado, no obstante, reducir los acreedores a corto plazo que pasan de 11.234 a 9.721 millones. No ha podido, sin embargo, librarse de la provisión para riesgos y gastos que superan los 800 millones de euros. Y este es el segundo talón de Aquiles de la Generalitat que condiciona su balance. Como ya ocurrió el año pasado, el Consell ha continuado con su plan de saneamiento para presentar una cuestas libres de «ingeniería contable» que den una imagen fiel de la realidad financiera.

El año pasado esta revisión supuso aflorar ajustes negativos que engrosaron el pasivo por valor de 3.084 millones de euros. En esta ocasión, la revisión contable saca a relucir 929 millones de euros de gasto heredado que hasta ahora estaban camuflados. El detalle de estos compromisos incluye ayudas a la vivienda, el convenio con el IVVSA para construir colegios (que Soler achacó a las exconselleras Isabel Bonig y Maria José Català), y varios ajustes por la depreciación del valor de entidades del sector público, entre otros conceptos. En su conjunto, el Consell eleva a más de 2.383 millones la mochila de compromisos con incidencia en el gasto aflorados estos dos años.

Por su parte, el valor del activo decrece (un 1,2%) como consecuencia de los ajustes de valor y de los prestamos asumidos del sector público que se dan por perdidos.

Pese a este panorama de quiebra absoluta, Soler pudo presentar algunos datos positivos. Así, el resultado económico-patrimonial mejora, gracias sobre todo a la mejora de la economía y los mayores ingresos. El desahorro de 4.543 millones registrado en 2015 se reduce a 2.636, el mejor resultado desde 2011. Por su parte, y pese a los problemas de liquidez el fondo de maniobra negativo, es decir el dinero del que podría disponer el Consell para hacer frente a sus acreedores a corto plazo se reduce un 12% y se queda en 1.283 millones, una mejora del 43% si la referencia es 2011.

También es positivo para el Consell la reducción de las llamadas facturas en el cajón legal: las cuentas 409 y 411. Los gastos que quedan pendientes de consignación presupuestarios ya bajaron a 1.800 el año pasado y ahora se quedan en 1.634. Soler puso en valor su gestión y su esfuerzo en quitar maquillaje a las cuentas, pero dejó claro que sin un nuevo modelo de financiación la recuperación de la hacienda valenciana «es inviable».

Por otro lado, el Consell aprobó la subida del 1% de los salarios de la plantilla de la Generalitat como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos del Estado.