«La corrupción es el uso de los poderes públicos para desviar recursos en beneficio privado» y la nueva Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y Corrupción viene a decirle a los funcionarios que «no están solos» contra esta lacra. Así se pronunció ayer el responsable de este organismo, Joan Llinares, durante la toma de posesión de su nuevo cargo en la Agencia. «En principio vamos a arrancar», se justificó ante los periodistas el artífice de que el caso Palau (el desvío de fondos en el Palau de la Música Catalana) viera la luz, para agregar: «Esta agencia -que cuenta este año con un presupuesto de 1,5 millones de euros- tiene una fortaleza, que es que está creada por ley, por el Parlamento valenciano». Así, agregó que el proyecto arranca co «todas las expectativas, porque comenzamos de cero».
Llinares, «consciente» de que puede enfrentarse a algunas «dificultades», pero que «seguro se solucionarán» con el principio de legalidad y desde la lealtad institucional, afirmó también que su primera tarea dentro de la agencia será «crear estructura» que girará en torno a tres ejes: prevención, análisis y asuntos jurídicos.
La prevención es, a su juicio, un «trabajo esencial». «Muchas cosas que han pasado están relacionadas con la falta de conocimiento de cómo establecer mapas de riesgos y conocer patrones con los que funciona la corrupción y el fraude», aseveró. Por ello, y para hacer frente a este desconocimiento, puso como ejemplo que en Barcelona, una de las primeras cosas que se puso en marcha el pasado curso fue un convenio con la Universidad para crear el primer máster de prevención de la corrupción. «Y si esto podemos hacerlo con las universidades valencianas, mejor».
Protección
Dentro de las funciones de la agencia existe un capítulo «muy importante» destinado a proteger a aquellas personas, funcionarios o no, que colaboran con la institución en sus objetivos: la lucha contra el fraude y la corrupción. Respecto a los funcionarios, les trasladó: «Venimos a deciros que no estáis solos». Así, se establecerán canales de colaboración institucional y también de participación ciudadana a través de entidades sociales y protegiendo desde el primer momento a los trabajadores públicos y ciudadanos que alerten, informen o denuncien casos de corrupción.
Esto será posible tejiendo mecanismos de coordinación y cooperación con otros órganos de control y fiscalización como la Intervención General, la Sindicatura de Comptes y los interventores, secretarios y tesoreros de la administración local. «También con la fiscalía y la Abogacía de la Generalitat para ayudar a conseguir la recuperación completa de los recursos públicos saqueados», agregó. Sobre la Sindicatura adelantó que la próxima semana mantendrá una reunión con el Síndic Major: «Habrá una magnífica colaboración porque tenemos competencias diferenciadas». En relación con la Fiscalía, Llinares recordó que cuando un asunto se judicialice, la Agencia Antifraude ya no tendrá competencia a no ser que, o bien Fiscalía, o bien los juzgados, planteen elementos de colaboración. Con Anticorrupción también mantendrá un encuentro próximamente.
Llinares se ubicará provisionalmente en las Cortes, en un espacio «reducido». «Trabajaré incansablemente desde la plena independencia, el rigor y la objetividad para que la institución sea un instrumento eficaz», dijo.
