Suma y sigue en el intento del PP de la Comunidad Valenciana por tumbar los principales decretos de la Conselleria de Educación en materia lingüística. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, anunció ayer que su formación prepara un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de los Usos Administrativos del Valenciano que ya ha sido aprobado por el Consell y que entrará en vigor el próximo mes de noviembre.
La decisión del PPCV se ha tomado después de que no se aceptaran sus enmiendas al borrador del decreto y tras estudiar con los servicios jurídicos que «no es conforme a derecho que el decreto establezca con carácter general» que todos los funcionarios tienen que saber valenciano ni la pretensión de que esta lengua deba de ser «la primera lengua en sus relaciones». Tampoco ve bien Bonig la regulación «del uso del valenciano en las relaciones privadas», algo «más propio de otros regímenes que en Democracia» y criticó que determine la rotulación de los establecimientos comerciales. «Es que es el mismo decreto que en Cataluña y eso es lo que no vamos a permitir», afirmó la lideresa del PPCV.
Los servicios jurídicos del partido también están estudiando las lagunas en el capítulo de sanciones al no estar especificadas ni las conductas sancionables ni las sanciones que se impondrán por su incumplimiento. El Consell aprobó el mes pasado el decreto sobre los usos institucionales y administrativos del valenciano en la Comunidad, un triunfo político de Compromís por el que se crea el documento que convierte esta lengua en la vehicular del gobierno autonómico y que insta a los funcionarios públicos a dirigirse al usuario en valenciano en primer lugar. El objetivo de esta normativa es dar cabida a los derechos lingüísticos de la ciudadanía reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, d' Ús i Ensenyament del Valencià, segú el Consell.
La contestación del PP en los tribunales a la política lingüística del Consell ha salido reforzada con los últimos recursos presentados por la Diputación de Alicante. La institución provincial tumbó en un primer momento los decretos de coordinación turística y Deportes de la Generalitat que pretendían reducir la autonomía de la Diputación en estas materias. Pero el refuerzo a estas contestaciones judiciales ha venido de la mano del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que ordenó el pasado mes de mayo la suspensión cautelar del polémico decreto sobre el plurilingüismo en los centros escolares tras el recurso contra el mismo presentado por el equipo de César Sánchez.
El decreto sobre el uso del valenciano en la Administración establece que ésta sea la lengua propia de la Generalitat, sin que ello suponga ninguna limitación respecto de la otra lengua oficial, y que su normativa lingüística es la establecida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Regula el uso del valeciano en los cargos públicos, las rotulaciones en empresas y las informaciones en los espacios públicos; el uso del valenciano por parte de los funcionarios en la atención al público, la atención telefónica o la publicidad oficial.
