La división comarcal del territorio de la Comunidad Valenciana es pura ficción. Un engranaje cultural y sentimental que no forma parte de ningún documento de rango legal, pese a que el Estatut d’Autonomia de 1982 y de nuevo la reforma de 2006 recogen que una ley de las Cortes determinará esa división.
Ahora, esa ley, que lleva 35 años sin aprobarse, está más que cerca que nunca. El Consell acaba de dar su criterio favorable a una proposición presentada por Compromís en las Cortes hace unas semanas que propone la delimitación territorial de la Comunidad Valenciana basándose en esa división comarcal, lo que permitiría dar rango legal por primera a las demarcaciones autonómicas. Para ello usan la homologación de 1988.
Si prospera esa norma, la Generalitat quedará obligada por ley a prestar todos sus servicios y planificar sus políticas públicas basándose en esa división comarcal. El Consell defiende, además, que esa norma profundiza y cohesiona el autogobierno de la Comunidad.
Pero para ello será necesario que en el trámite parlamentario los dos partidos en el Consell (PSPV y Compromís) se pongan de acuerdo en esta cuestión. El ejecutivo ya aprobó el proyecto de Ley de Mancomunidades para configurarlas como eje básico en la prestación de servicios a los ciudadanos. Fuentes del Consell apuntan que ambas normas son complementarias si el proceso se realiza correctamente.
Aviso de que pueden colisionar
Pero, en el documento del Consell que da luz verde a la toma en consideración de esa ley, el ejecutivo advierte de que por razones de seguridad jurídica la norma tendrá que «armonizarse» en las Cortes con el texto del proyecto de Ley mancomunidades, aprobado por el Consell el pasado 5 de mayo de 2017. Un aviso de que puede existir colisión entre ambas.
Además, la proposición de Compromís de impulsar la comarcalización no esconde su objetivo de superar en algún momento la división provincial del territorio y, por tanto, vaciar de contenido las diputaciones. Dos de ellas se oponen a la nueva ley, la de Alicante y la de Castellón. Ambas están en manos del PP y convertidas, especialmente la que preside César Sánchez, en puntal de oposición política de los populares al Consell.
«Las provincias desvertebran»
El diputado de Compromís que ha impulsado esta propuesta en las Cortes, Paco García Latorre, ya advirtió cuando la coalición presentó la iniciativa que la división en provincias «es un elemento desvertebrador y desnaturalizador de la identidad valenciana». Además, consideró esa estructura «ineficiente e ineficaz». En su opinión, el paso del tiempo no ha hecho más que corroborar, con ejemplos en toda España, «la extendida sospecha de clientelismo y corrupción que rodea las instituciones decimonónicas que son las diputaciones», señala.
Compromís defiende que para que la Generalitat pueda prestar sus servicios de la manera más eficaz posible se hace necesario que disponga de una delimitación territorial que, independientemente de la división provincial (que recoge la Constitución), permita que la Generalitat preste sus servicios y planifique políticas sobre la estructura comarcal.
Hace meses, cuando el Consell anunció su ley de Mancomunidades y su intención de profundizar en la estructura comarcal, el PP ya respondió que el ejecutivo valenciano actuaba igual que el nacionalismo catalán, que, según los populares, inició su ruptura con el Estado con la división en veguerias, el equivalente a las comarcas.
