El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se convirtió ayer en el blanco de la diana hacia la que dispararon desde la oposición tras solicitar la portavoz de Esquera Unida, Raquel Pérez, la reprobación del dirigente provincial, una petición que no prosperó y que solo fue respaldada por Compromís. Además de la reprobación, Sánchez también esquivó con la muleta del diputado tránsfuga, Fernando Sepulcre, una propuesta de Compromís destinada a realizar reparaciones en los colegios con fondos de la Diputación a través de un plan municipal de mantenimiento.
La diputada de EU, Raquel Pérez, llevó ayer al pleno la reprobación de Sánchez después de que la Fiscalía de Dénia haya presentado una denuncia contra el dirigente provincial por coacciones y malversación de caudales públicos por la presunta utilización de personal municipal para su campaña electoral de 2015. Sin embargo, este hecho dio alas a la representante de izquierdas a enumerar distintos episodios de la gestión del presidente y del equipo de gobierno ante las que siempre se mostró crítica, como la falta de consenso para sacar los presupuestos adelante, así como a recordar que la institución lleva gastados más de 50.000 euros en denuncias contra el Consell. «Ha impedido autoritariamente el debate de temas espinosos para su partido», añadió Pérez, «y todo con el apoyo de un traidor», apostilló refiriéndose a Sepulcre.
La lista de decisiones del PP por las que la diputada también pidió la reprobación de Sánchez fue avalada por Compromís, que no solo las asumió, sino que las amplió en una clara estrategia pactada con Pérez para no hacer recaer la reprobación a César Sánchez únicamente sobre el peso de una denuncia que todavía no se ha traducido en una investigación judicial. Así lo recordó, además, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, que para no pillarse las manos basó su apoyo a la desaprobación de Sánchez en que es un presidente que «no ha cumplido nada de lo prometido».
En este sentido enumeró, casi sin respirar, las políticas del equipo de gobierno en la Diputación que Compromís ha combatido y hasta reprochó a Sánchez que fuera asesor del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, etapa que estuvo marcada por distintos casos de corrupción y despilfarro «donde fue diputado palmero del peor PP de la Historia», dijo. «Reprobamos su gestión pública al margen de la situación judicial porque no ha hecho nada de lo que dijo que iba a hacer», concluyó el portavoz de Compromís, que tuvo que ser cortado por el propio presidente, que le instó a presentar una reprobación aparte para incluir todas esas críticas ya que la desautorización que promulgaba EUPV se centraba en la denuncia del fiscal.
La argumentación del portavoz del grupo socialista para no votar a favor de la misma fue precisamente que la moción que la diputada llevó al pleno estaba centrada en la denuncia de la Fiscalía y no en la gestión del presidente, y sotuvo que es «pronto» para pedir responsabilidades al no existir imputación.
El que no iba a intervenir, según dijo, pero no pudo callarse fue Fernando Sepulcre, que tomó la palabra después de la intervención de Raquel Pérez, a la que llamó «pirómana de Iglesias» por calificarle de «traidor». «Y habla de dinero cuando fue la primera que se llevó todo el dinero de la asignación a grupos políticos», recordó.
El portavoz del PP, Carlos Castillo, agradeció al PSPV «su coherencia», ya que apoyar la reprobación «equivaldría a reprobar al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri», denunciado por el PP a raíz de las 25 facturas de la concejalía de Comercio anuladas y que investiga Anticorrupción. Por otro lado, el portavoz popular tensionó la sala con su ataque a Pérez, de la que recordó que fue expulsada del grupo de EUPV en El Campello. «En su grupo la tratan de carga pública en lugar de cargo público», le espetó. Automáticamente sus acusaciones se dirigieron al «narcisista-nacionalista» de Gerard Fullana, que «cada vez que tiene la oportunidad de coger el micrófono hace su circo». Así, Castillo pidió a Fullana que repruebe «con la misma vehemencia» al conseller de Educación, Vicent Marzà, de Compromís, «desautorizado en tres ocasiones por los tribunales por el famoso decreto del chantaje lingüístico que usted y su familia defienden», en alusión al padre de Fullana, director general de Política Educativa del Consell.
También hubo confrontación por el plan municipal de mantenimiento de colegios propuesto por Compromís que respaldaron PSPV y EUPV y que requirió del voto de calidad del presidente para tumbarlo debido a la abstención de Sepulcre. El portavoz del grupo popular aprovechó para trasladar el debate hacia las políticas «del yo invito y tú pagas» del Consell y se preguntó dónde van los 852 millones más que este año recibirá la Generalitat por el sistema de financiación en los Presupuestos Generales. «Si se dedican 55 millones a una televisión, que será el arma de destrucción masiva del PP, tiene que haber dinero para colegios», valoró Castillo. «Los 852 millones son para pagar sus fiestas», le contestó Fullana, que recordó el agujero de 1.000 millones en las cuentas de Ciegsa, epicentro de la operación Taula, en la construcción de colegios en tiempos del PP con Francisco Camps como presidente de la Generalitat.
