Los desahucios continúan a la orden del día en la Comunidad Valenciana. A pesar de los esfuerzos que aseguran hacer las administraciones públicas -tanto la central, como la autonómica y las locales-, las ejecuciones hipotecarias siguen arrojando cifras elevadas en Alicante, València y Castellón. Según la información que acaba de hacer pública el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad cerró el primer trimestre del año como la segunda autonomía española con un mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias. Fueron en total 2.968 entre enero y marzo. O, lo que es lo mismo, una media de 32 diarias. Solo Andalucía, con 4.768 casos, arroja guarismos peores a los de las comarcas valencianas. Ni Madrid (1.269), ni Cataluña (2.598) se acercan a los datos de la Comunidad.

Los datos, con todo, son sensiblemente mejores que los de los últimos años en el primer trimestre. Así, hasta marzo de 2016 se contabilizaron 3.304 ejecuciones en la Comunidad, en 2015 la cifra fue de 4.853, mientras que en 2014 quedó cuantificada en 4.230, tal y como consta en las series históricas del INE.

Sin embargo, el todavía elevado número de ejecuciones hipotecarias del actual ejercicio abrirá una bronca política en las Cortes. La diputada del PP por Alicante Elisa Díaz advirtió ayer de que trasladará el problema a la Cámara autonómica con el objetivo de que la Generalitat redoble sus esfuerzos en materia de vivienda. «Este Consell, que cuenta con 2.700 millones de euros más de los que contamos nosotros (el PP) en nuestros últimos presupuestos, poco ha invertido en vivienda. Y se atreven a decir en el Pacto del Titánic (como han bautizado los populares al actual Consell) que van a poner 1.000 viviendas anuales a disposición de alquileres sociales, pero ya estamos viendo que es una mentira más del tripartito, el mismo que además cuenta ahora con 851 millones de euros que le llegan del Estado y que desde el PP esperamos que dediquen de manera significativa a ayudar a evitar nuevos desahucios en la Comunidad y así a abandonar ese vergonzoso segundo puesto que nadie quiere», señaló la parlamentaria.

Díaz censuró la política que está llevando a cabo la consellera de Vivienda, María José Salvador, y lamentó que el Ejecutivo autonómico no haya impulsado todavía un plan de empleo para personas que se encuentran en riesgo de perder sus viviendas. La propia dirigente del PP recordó ayer que ese plan se aprobó por unanimidad en las Cortes a raíz de una iniciativa de su partido, pero hoy, un año y medio después, «el Consell no ha hecho nada al respecto».

La parlamentaria popular, por último, celebró que el número de ejecuciones hipotecarias haya disminuido respecto al pasado año y aseguró que ese descenso se ha producido gracias a las políticas del PP. «La situación económica está mejorando, cada vez son más las personas que tienen empleo y, consecuentemente, cada vez son menos las personas que pierden su vivienda por una ejecución hipotecaria. Pero sin duda el cambio de normativa respecto a los desahucios ha sido fundamental», zanjó.