El papel de la Diputación de Alicante como contrapeso al Consell no solo se mantendrá en los próximos dos años, sino que se verá reforzado. Los documentos más importantes que regirán las directrices del PP provincial, aprobados hace una semana en el congreso que los populares alicantinos celebraron en Torrevieja, no dejan lugar a dudas de la demostración de fuerza que la Diputación tendrá que seguir haciendo para contrarrestar al Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra, un gobierno que, precisamente, sigue una línea política copada de normativas para frenar la autonomía de las diputaciones.
El último congreso de los populares evidenció el refuerzo institucional que quiere conferirle el PP a la Diputación de Alicante, ya de por sí autoproclamada gobierno provincial. Armar el discurso de Diputación fuerte, defensora de los intereses de la provincia, contrapeso a las políticas «radicales» y epicentro del municipalismo, como así la describe el PP, necesita de una figura clave capaz de contrarrestar con «sensatez» al «gobierno del caos», llamado así por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, durante el citado congreso. Y esa figura es la del presidente de la Diputación, César Sánchez, convertido junto a su vicepresidente tercero, Carlos Castillo, en azote de las políticas del Consell -especialmente en materia turística y educativa- y quien ya ha ganado dos años de experiencia como máximo ejecutor de la política de desgaste del gobierno del Botánico.
Los populares claman por la «reconquista» institucional que quieren emprender en la Comunidad Valenciana y uno de los focos hacia donde ponen todas las miradas, además de en los ayuntamientos de las grandes ciudades, es en la Generalitat, un gobierno que tras veinte años dirigido por el PP se sustenta ahora con tres fuerzas de izquierdas: PSPV y Compromís en el ejecutivo, apuntalados por el respaldo parlamentario de Podemos. Y con la mirada puesta en el Consell, la figura de César Sánchez pretende ser para el PP el ariete contra el poder institucional de Ximo Puig, dos dirigentes que todavía no se han reunido oficialmente desde que ambos tomaron posesión de sus cargos. Y han pasado dos años.
Las políticas educativas de plurilingüismo, el conflicto lingüístico, la reclamación del agua o el dinero pedido a las diputaciones para poner en marcha proyectos del Consell -como el Fondo de Cooperación Municipal o las ayudas a los libros de texto de la red Xarxa Llibres- se han trabajado a conciencia desde la confrontación en el Palacio Provincial. La Diputación se ha convertido en la única institución pública en llevar a los tribunales la batalla contra el plurilingüismo en los centros educativos. Tras dos varapalos judiciales para el Consell, ambos forzados por dos recursos de la Diputación -primero la retirada de los decretos de Turismo y Deportes y luego la orden del TSJ de suspensión del decreto de plurilingüismo de forma cautelar hasta que haya sentencia- han dado alas a un gobierno que enarbola el concepto de la Diputación como máxima defensora de los intereses de los alicantinos.
Ponencia
El PP ha dejado claro en uno de sus documentos marco que la institución provincial tiene que jugar un papel fundamental en esa «reconquista». La ponencia «Más Provincia», coordinada por el vicepresidente de la Diputación Carlos Castillo, lo resume todo. Uno de los documentos más importantes para la estrategia de los populares en los próximos años habla claramente de la defensa de la Diputación como institución y de su contribución al concepto de «provincia» como demarcación administrativa, un modelo que choca con la potenciación de las comarcas que quiere implantar el gobierno valenciano a través de la ley de comarcalización, normativa que lleva el sello de Compromís y contra la que los populares se revuelven. De hecho, los ataques de Isabel Bonig y del resto de populares a Mónica Oltra durante el congreso provincial, así como al conseller de Educación, Vicent Marzà, centraron el discurso de cada uno de los intervinientes.
Bonig tiene claro el camino. Hay que desgastar al gobierno del «Titánic», término que han acuñado los populares para referirse al Consell. Tras consolidarse en la provincia el modelo de bicefalia con el presidente del PP provincial, José Císcar, como líder en Alicante y Sánchez como presidente de la Diputación, la maquinaria está engrasada para armar la fuerza y el contrapeso. Falta que ahora la maquinaria no se vea atascada por las investigaciones judiciales que pueden afectar al presidente de la Diputación. La Fiscalía ha pedido al juez que indague si Sánchez utilizó a funcionarios de Calp -donde Sánchez es alcalde- para su campaña electoral en las últimas elecciones municipales.
