En su congreso del pasado fin de semana, el PP marcó el terreno de juego de la batalla política para 2019. Una agenda que tiene como epicentro la provincia de Alicante con asuntos como la gestión de educación, el uso del valenciano, el agua, la crítica al conseller Vicent Marzà, los ataques a la vicepresidenta Mónica Oltra y una oposición frontal a Compromís, socio junto a los socialistas del Consell. Desde la tribuna del auditorio de Torrevieja en el que se celebró un cónclave con mucho argumentario pero muy pocas novedades, la mayoría de los dirigentes del PP que tomaron la palabra - José Císcar, Isabel Bonig...- se ajustaron a ese guión. Y junto a eso, además, elogiaron el papel del presidente de la Diputación, César Sánchez, especialmente después de presentar un recurso en el TSJ que conseguía la suspensión del decreto de plurilingüismo, un misil en la línea de flotación de la conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà y de uno de los centros de poder de Compromís.

Al tiempo que era atacado sin piedad en el congreso del PP, Marzà, por contra, era aclamado con la más larga de las ovaciones en el multitudinario acto que Compromís celebró en València para celebrar los dos años de su llegada a la Generalitat con intervenciones de Joan Baldoví y de la citada Oltra, entre otros. Con los socialistas enfangados ese mismo fin de semana y durante los próximos meses en su cainita existencia, la gran batalla política que arranca ya hasta las elecciones autonómicas de 2019, de momento, tiene como protagonistas al PP y a Compromís pero con César Sánchez y la Diputación de Alicante, la principal institución con sede en la provincia, en el centro de ese tablero. Los populares han encontrado en la provincia más caldo de cultivo para su discurso que en València y Castellón y, por tanto, será Alicante la que mida la consolidación del Pacte del Botànic de cara a 2019.

En esa estrategia del PP, especialmente después de la decisión del TSJ sobre el plurilingüismo, juega un papel clave la figura del presidente de la Diputación, César Sánchez, como referente de la principal institución bajo mando de los populares y de la oposición política a las grandes decisiones del Consell. El pasado martes, sin embargo, se conocía que la Fiscalía de Dénia había remitido a un juzgado una denuncia de una trabajadora municipal de Calp -su identidad está protegida por la Ley de Protección de Datos- contra César Sánchez por utilizar medios públicos para su campaña municipal en 2015, comicios en los que renovó la vara de mando para un segundo mandato. A la presentación de la denuncia, junto a la trabajadora afectada, habría acudido el portavoz municipal de Compromís en Calp y asesor en la Diputación, Ximo Perles.

César Sánchez, de inmediato, se apresuró a vincular todo ese movimiento con su intento de parar el «proyecto estrella» de Marzà. Compromís, subrayan fuentes de la coalición, lo desvincula por completo y asegura que nada tiene que ver en este asunto. Es verdad, como apuntan desde la Diputación, que la notificación de la demanda al juzgado se produce con posterioridad al anuncio de ese recurso contra la gestión del conseller de Educación. Pero también que la presentación de la documentación en la Fiscalía es bastante anterior. Y que César Sánchez, además, había sido avisado por el propio Perles de la denuncia, apuntan fuentes de Compromís. Sea como fuere y más allá de las fechas o del recorrido que pueda tener el trámite judicial, lo sustancial es que este asunto ha avivado todavía más, si cabe, la guerra política entre Compromís y el PP con César Sánchez en el centro. Le sirvió a unos para armar su contraataque y a los otros para preocuparse por los efectos que puedan tener las resoluciones judiciales en la principal figura de su menguado poder institucional. La coalición de Mónica Oltra encontró una grieta por la que minar al dirigente del PP y lanzó toda una ofensiva mediática contra César Sánchez antes incluso de que los juzgados acaben decidiendo si se admite esa denuncia y de saber si el presidente de la Diputación se enfrenta a una imputación.

Dentro de cinco días hay un pleno en la institución provincial que tiene toda la pinta de acabar en medio de un nuevo cruce de acusaciones entre el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, y el grupo del PP en defensa de Sánchez. La formación de Mónica Oltra va a poner toda la carne en el asador para atacar a los gestores de la única institución que puede ejercer una oposición real al Consell. Y en el PP temen que el presidente de la Diputación se enfangue ahora en una imputación y en un trámite judicial que le obligue a dedicar demasiadas respuestas, como ocurrirá en el pleno del miércoles, a sus problemas y pocos a la gestión o al ataque a las políticas del Consell. El gran problema de todo esto, una vez más, es que, en medio de la guerra y del argumentario, unos y otros se olviden de lo principal: atender a la gente.