La fiscalía de área de Dénia ha remitido un escrito a un juzgado de esta localidad en el que solicita que se abra una investigación al alcalde de Calp y presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.
El fiscal considera que de la denuncia interpuesta por una funcionaria interina de este ayuntamiento se desprenden posibles delitos de coacciones y malversación de caudales por el presunto uso fraudulento de medios públicos durante la campaña electoral del Partido Popular en las elecciones municipales de 2015.
César Sánchez vinculó ayer esta denuncia con una maniobra de Compromís como consecuencia de la suspensión del decreto de plurilingüismo de la Conselleria de Educación, que se ha producido precisamente por un recurso instado por la Diputación de Alicante.
La fiscalía de Dénia solicita en el escrito en el que formula denuncia que el juez tome declaración al propio Sánchez en calidad de investigado, pero el juzgado aún no ha iniciado ningún procedimiento, según han confirmado a este diario desde el Tribunal Superior de Justicia.
«Unos hechos atípicos»
Fuentes de la Fiscalía de Dénia aseguran a este diario que aún no se ha realizado una investigación a Sánchez, pero por la información aportada en la denuncia se ha decidido ponerla en conocimiento del juzgado para que la tramite. Las fuentes aseguran que será el juzgado el que investigue. No obstante señalan que sí existen unos hechos atípicos por parte de César Sánchez, por lo que se deduce que podría existir una infracción penal. El fiscal, Vicente López, ve motivos para realizar esa indagación y pide que en el transcurso de ella se tome declaración en calidad de investigado al alcalde de Calp.
Acompañada de Compromís
Sánchez, en declaración a este diario, se mostró ayer «extrañado» de que un cargo de Compromís, en concreto el portavoz en el Ayuntamiento de Calp y asesor en la Diputación, Ximo Perles, acompañara a la denunciante en el momento de interponer la demanda y aseguró que no ha recibido notificación judicial alguna. También se mostró sorprendido de que Compromís haga un uso político de esa denuncia. En su entorno creen que la acusación no tendrá recorrido porque no tiene ni pies ni cabeza.
La denuncia de la trabajadora del Ayuntamiento de Calp, que se ha acogido a protección que la ley otorga a funcionarios que denuncian posibles casos de corrupción, aporta pruebas documentales, facilita testigos y señala que el alcalde pudo disponer ilícitamamente de trabajadores municipales atendiendo a su cargo y ejerciendo un posible abuso, de forma que habría sacado provecho de una institución pública. La trabajadora alega en la denuncia que no prestaba sus conocimientos profesionales de forma voluntaria en ningún caso, sino mediante presiones como la amenaza de perder el puesto de trabajo. Según la denunciante el alcalde le comunicó que su tarea era la de colaborar con la jefa de campaña que él había elegido y con la que la trabajadora se reunía en despachos del ayuntamiento.
