Dos años ya como presidente de las Cortes jugando un papel más político, por ejemplo, con la reclamación de inversión a Madrid. ¿El parlamento valenciano se había quedado con un rol secundario?

Si. Las Cortes habían quedado subordinadas al Consell y a una mayoría absoluta. Pero además estaba tapada la voz de los valencianos en este hemiciclo. Hemos recuperado la separación de poderes, la normalidad democrática y el impulso de iniciativas parlamentarias, algo que se había perdido en los últimos veinte años.

¿Y eso cómo cuadra con el papel de árbitro que se tiene atribuído el presidente de las Cortes?

Defiendo que todos los grupos parlamentarios sean capaces de llegar a posiciones unitarias. Y, por ejemplo, con el tema de las inversiones y de la financiación, hemos sido capaces de situar una agenda de reivindicación valenciana en la primera línea. Hemos evidenciado que las mayorías centralistas en Madrid han convertido el modelo autonómico en un Estado de cartón-piedra. Y eso no lo podemos consentir.

¿Teme que le acusen de deteriorar su figura institucional?

De ninguna manera. Yo estoy defendiendo los intereses del pueblo valenciano y de las Cortes que, hasta ahora, tenían una voz silenciada.

Pero el PP y Ciudadanos, finalmente, se han descolgado de esa reclamación unitaria de más inversiones al Gobierno de Rajoy...

Hicimos lo que ellos dijeron en la declaración institucional: convocar una reunión de diputados y senadores. Lo que es un contrasentido es su postura. No me pueden reclamar algo y luego criticarme por hacer lo que ellos me pidieron.

Ese escenario, quizá, no hubiera sido posible con unas Cortes como las que había hasta 2015...

Las mayorías absolutas no van a volver. Y, por tanto, no sólo tenemos que hablar sino que nos tenemos que escuchar para llegar a consensos. Incluso con una votación en contra se han incorporado 350 enmiendas de la oposición a los presupuestos de la Generalitat. Otro factor importante es la conexión con la sociedad. Con el PP había opacidad y «bunkerización». Y creo que ahora estamos escuchado a la gente. Pero además hemos trazado una mirada más larga que las urgencias del día a día. Hasta aquí sólo nos hemos movido cuando había conflicto. Ahora nos tenemos que anticipar a los problemas.

¿En qué se ha traducido esa capacidad de iniciativa legislativa que usted dice que han asumido?

No estamos esperando a que el Consell nos diga cómo legislar. Ahora, por ejemplo, estamos con la ponencia de la reforma electoral... Es lógico que esa ley se haga desde las Cortes. Que no sea un proyecto personal como el que, en su día, intentó el PP. Y además somos las Cortes que más control está ejerciendo sobre el Consell y en la que más veces ha comparecido el presidente. Antes ese control era casi inexistente.

Hablaba antes de la ley electoral. Puede ser clave para 2019...

La ley electoral actual es tramposa y obsoleta. No refleja nuestra realidad. Tenemos un dictamen y ahora se trata de ponerlo sobre blanco en un texto legislativo. Necesitamos mayoría cualificada pero a mi me gustaría que se aprobara de forma unánime y que fuera innovadora.

¿De qué se está hablando?

No sólo de la rebaja del listón electoral al 3%. Estamos hablando de listas desbloqueadas, de paridad, de uso de procedimientos telemáticos, de regulación de consultas... Sería una reforma amplia de nuestros mecanismos de participación.

¿No entiende que tenemos un parlamento muy antiguo? No puede ser que un problema que ahora tenga actualidad se acabe debatiendo cuando pasan dos meses...

Todo es mejorable. Tenemos que introducir novedades que mejoren esa conexión para que la realidad social se traslade de forma rápida a los debates de las Cortes con todas las garantías de que esas decisiones se puedan concretar para evitar que caigamos en una acción estéril. Estamos interesados en cooperar con colectivos y entidades que puedan trasladarnos sus inquietudes. Todo eso hay que estudiarlo con interés.

¿En qué punto se encuentra el trámite de la reforma del Estatuto aprobada en 2011 para garantizar inversiones según la población?

Una de mis primeras decisiones fue activar la toma en consideración de ese proyecto. Estamos perdiendo inversiones y puestos de trabajo por el bloqueo de esa reforma. Yo reivindico el mensaje de las Cortes y lo defiendo cuando existe una posición unitaria. Eso siempre es muy bueno.

¿Por qué esta paralizada?

Está bloqueada conscientemente por parte del PP. Es una reforma que se aprobó en 2011. Hace seis años que está en tramitación y tiene una incidencia directa en el empleo, en el bienestar de los ciudadanos, en las inversiones del Estado...

Es muy grave lo que dice: habla de que el PP actúa de forma consciente contra esta Comunidad...

El PP nos ve a los valencianos como un pueblo sumiso, obediente y susceptible de ser maltratado. Sólo podremos superar esa situación si nos unimos en defensa de nuestros intereses. Esto no se puede tolerar. Y así se lo voy a trasladar a la presidenta del Congreso de los Diputados.

¿Por qué la acción del parlamento no llega a Alicante?

Debe solucionarse. Hay una cuestión física: la ubicación en València genera una distancia geográfica. Es cierto. Nos tenemos que esforzar más para estar muy presentes en todo el territorio. El tema del agua, por ejemplo. En el pasado se abordó desde el enfrentamiento y la crispación. Hay un problema y lo tenemos que reconocer. Ahora se está discutiendo desde una perspectiva estratégica. Estamos hablando con agricultores, con la Universidad de Alicante y tenemos una comisión monográfica parlamentaria sobre el agua. Tenemos que buscar soluciones pero dejando a un lado la confrontación. Tenemos que mirar más allá de las urgencias del «día a día» de nuestra Comunidad.

Hace justo dos años se produjo el cambio en el Consell con ese acuerdo entre los socialistas, Compromís y Podemos. ¿Qué balance hace del Pacte del Botànic?

Sin triunfalismos. Pero positivo. Hemos recuperado la calidad democrática, la decencia en la gestión, se han abordado los problemas con diálogo social y se han tomado medidas estructurales. ¿Errores? Tenemos. Desde luego. Somos humanos.

¿Y no cree que a este Consell le falta un poco más de empuje?

Falta todavía más velocidad e intensidad. Pero estamos condicionados por dos cosas. Primero: una losa que supone una herencia con una deuda de 43.000 millones. Si estuviéramos en el País Vasco o Navarro tendríamos el doble de recursos. Y eso es muy injusto. Segundo: hemos de cumplir con la ley a la hora de conceder subvenciones. Eso impide ir más rápido pero el rigor debe imperar en el control económico. Ya no se gestiona desde el amiguismo ni entregando el dinero público como ocurrió, por ejemplo, con la tramta de corrupción del «caso Nóos», sin acreditar absolutamente nada.

¿Cree usted que Compromís puede dar equilibrio ahora al Consell tras la derrota de Ximo Puig

Compromís es un factor de estabilidad. El Pacte del Botànic está blindado. No podemos ser tan egoístas de mirarnos el ombligo cuando tenemos una gran responsabilidad. La forma de hacer política tiene que cambiar aún más si queremos ser creíbles. Me parece muy positiva la propuesta de Antonio Estañ de hacer una auditoría de la gestión no sólo desde las Cortes sino desde entidades y colectivos ciudadanos. Ver lo que se está haciendo, lo que se puede hacer y dónde tenemos dificultades.

Ni ha citado a Ximo Puig...

Creo que lo está haciendo bien como presidente. Ha sido capaz de cohesionar un equipo. Y hemos recuperado crédito gracias, sin duda, a la buena gestión de este Consell.

¿La apuesta para las elecciones de 2019 es un Pacte del Botànic II?

Claro. Mantenerlo. ¿Cómo se repartirán los números? Lo decidirá el pueblo valenciano. Pero hay que asociar a ese proceso de cambio político a muchísima más gente.

Hablando del PSOE y de Podemos. ¿Cual es su posición sobre la moción de censura contra Rajoy?

España tiene dos graves problemas: la corrupción y la ineficacia. Rajoy ha incrementado la deuda pública en 400.000 millones de euros con una devaluación social impresentable y con más desigualdad. Y Compromís va a propiciar una moción de censura con un candidato independiente, con una agenda de regeneración democrática, igualdad social y abordar la crisis territorial. Eso sería la posición más inteligente.

Cita la crisis territorial. Y Cataluña es nuestro principal socio comercial. ¿Qué cree que pasará?

Debe haber diálogo. No sólo entre Cataluña y Madrid. Mucho más amplio. Tenemos que llegar a un gran pacto sobre el modelo de Estado para canalizar esta crisis de extremos en una solución de consenso. Solucionando la financiación, las competencias y mirando a Europa. Pero para eso hacen falta estadistas. Y ahora los políticos que tenemos están lejos de tener visión de Estado.

¿Cree usted que Cataluña podría aceptar esa solución?

Sí. Están pidiendo diálogo. La respuesta no puede ser los tribunales. Los jueces no pueden solucionar los problemas que crea la política porque estaremos dañando a la justicia.

¿Qué queda pendiente para esta segunda mitad del mandato?

Mucho. Hay que reabrir la nueva Ràdio Televisió Valenciana, poner las bases del modelo económico con la reindustrialización y hay que concretar la nueva financiación para acabar con la discriminación que estamos sufriendo. Desde una perspectiva más global, tenemos que hacer un nuevo contrato social; otro con las generaciones que vendrán; un acuerdo por nuestra tierra; y marcar los grandes ejes del futuro.

Usted tiene lazos familiares con Alicante. ¿Falta pedagogía con el decreto de plurilingüismo y con la normalización del valenciano?

El objetivo es el dominio con normalidad y plenitud, algo que no existía hasta ahora, de las dos lenguas oficiales y la capacitación de una tercera: el inglés. Poner piedras en las ruedas de ese conocimiento de las lenguas es negarnos el futuro. Y me preocupa que se estén usando argumentos para provocar un enfrentamiento social. Es necesario un gran consenso en Educación. No estamos hablando de concertada o pública. Se trata de un modelo educativo que acabe con las trincheras ideológicas.

Ustedes lo primero que han hecho, precisamente, ha sido cambiar el modelo sin negociarlo...

No es cierto. Nosotros estamos elaborando una Ley de Educación integral. Y el decreto de plurilingüismo viene como una propuesta de los propios centros educativos.

El decreto de plurilingüismo ya lo ha parado el TSJ tras el recurso de la Diputación de Alicante...

Voy a ser muy claro con este asunto. Los tribunales llevan nada menos que una década instruyendo el «caso Brugal», dilatado con todo tipo de maniobras y que, por cierto, afecta a la gestión del PP en la Diputación de Alicante. Los mismos que ahora intentan parar el curso escolar apelando a «daños irreparables».

¿Cómo se ve desde las Cortes la inestabilidad política que hay en el Ayuntamiento de Alicante

Hay ruído. Y eso tapa la gestión. Sí creo que todos deben tener clara una cosa: nadie puede gobernar sólo para los suyos. Hay que hacerlo para todos. Y antes de decir una cosa se debe pensar en el bien de la ciudad. Alicante tiene solución y futuro.