El pleno del Consell aprobó ayer mostrar ante las Cortes Valencianas su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley de delimitación territorial comarcal, presentada por el grupo parlamentario Compromís, puesto que el ejecutivo comparte la conveniencia de abordar esta regulación «ante la necesidad de unas demarcaciones territoriales de referencia para toda la administración autonómica», sin perjuicio de las pertinentes adaptaciones que se deban realizar en los diferentes ámbitos sectoriales.

Aun así, para distinguir con mayor precisión entre las demarcaciones comarcales como delimitaciones territoriales, que es el objeto de esta proposición, y las comarcas como entidades locales, se sugiere la utilización de términos que ayudan a diferenciar ambos conceptos y, por ello, a lo largo del texto se sustituyen las referencias a «municipios» por «términos municipales». Asimismo, se estima que debe haber un proceso de participación y consulta en el marco de la tramitación parlamentaria de la ley, de manera que el texto normativo pueda ser debatido, consensuado y enriquecido «con las necesarias aportaciones de las entidades locales y con la posibilidad de contar con el parecer de instituciones públicas y privadas como universidades, instituciones geográficas y otros colectivos sociales», sin citar expresamente a las diputaciones provinciales.

Por lo que se refiere a la disposición adicional primera, por razones de seguridad jurídica y técnica normativa, habrá de armonizarse en las Cortes su contenido con el texto del proyecto de Ley de Mancomunidades, que regula las demarcaciones territoriales. Estos es importante porque el proyecto de mancomunidades, que disipa el cocepto de administración provincial al que se aferra la Diputación de Alicante, acota las funciones de la institución provincial alicantina, en manos del PP, que se han rebelado contra la Ley de Mancomunidades al entender que es un ataque a las diputaciones.

Por otro lado, el Consell aprobó el IV Plan Valenciano de Cooperación al Desarrollo 2017-2020, un nuevo documento de planificación estratégica de cara a los próximos cuatro años en el que se establece la hoja de ruta de la cooperación valenciana, un texto con el que el Consell intenta dar carpetazo a la etapa del exconseller Rafael Balsco al frente de Cooperación y que cumple condena por el trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a la Fundación Cultural Cyes, a la que adjudicó 1,8 millones de euros para Nicaragua, de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino, desviando el resto a propiedades inmobiliarias.