Cuando se cumplen ahora justo dos años de las elecciones autonómicas y arranca ya la segunda mitad del mandato, Alicante se ha convertido en uno de los grandes problemas para la nueva mayoría surgida de aquellos comicios del 24 de mayo de 2015. Un resultado electoral que culminó con la firma del Pacte del Botànic y la llegada al Palau de la Generalitat de un gobierno de coalición formado por los socialistas y Compromís con el tándem formado por Ximo Puig y Mónica Oltra al frente junto al apoyo parlamentario de Podemos. Desde la precampaña electoral y consciente de la peculiaridad de Alicante, Puig puso encima de la mesa en varias ocasiones la necesidad de «coser» la Comunidad. Pero esa voluntad de «vertebración territorial», quitando algún gesto como la celebración del Día de la Constitución o de alguna propuesta sin avance, no ha terminado de cristalizar, sin embargo, en ninguna iniciativa concreta.
Y más allá de eso, incluso, bien por decisiones del propio Consell que tienen un impacto directo en comarcas de Alicante bien por movimientos en otras instituciones bien por la situación interna de los partidos del gobierno, la provincia se ha convertido en el territorio que a lo larto de la segunda mitad de este mandato -el periodo en el que habitualmente se debe cuadrar el balance de la legislatura, sea en el sentido que sea- medirá la estabilidad y la capacidad del Pacte del Botànic para intentar consolidarse de cara a un segundo mandato, como es la voluntad de los socialistas y también de Compromís. Con Alicante como un problema pendiente de resolver pero también como termómetro de la salud del pacto y de los socios de un Consell que devolvió a la izquierda a la Generalitat después de dos décadas de mando absoluto del PP.
Vertebración
Entre la bicapitalidad y «coser» la Comunidad
Apenas cinco meses después de su investidura como presidente de la Generalitat, Ximo Puig compareció en Alicante para introducir en la agenda política el concepto de «bicapitalidad» y establecer así la relación entre València y Alicante. Esa propuesta complementaba en parte el mensaje que Puig había lanzado en campaña cuando una y otra vez hablaba de «coser» el territorio como una referencia a la vertebración autonómica, una cuestión que obsesiona a Puig. Más allá, sin embargo, de la celebración del Día de la Constitución -instaurada oficialmente por el Consell en Alicante- o de la iniciativa, todavía sin concretar, de instalar la futura Agencia Tributaria Valenciana en la provincia con Suma como embrión, los esfuerzos de Ximo Puig se han ido diluyendo poco a poco.
Ni se ha desarrollado ese concepto de «bicapitalidad» -hace meses que ni lo cita- ni tampoco se han tomado articulado medidas para dar más peso a la provincia. Esa distancia entre Alicante y València se mantiene. En parte por decisiones del Consell con un impacto más directo en comarcas alicantinas y que han generado crispación entre algunos grupos sociales, especialmente, en la Educación o entre los empresarios. En parte por la confrontación institucional con la Diputación, principal feudo que le quedó al PP bajo su control tras la debacle electoral de las municipales y que se ha convertido en el principal «ariete» de los populares de cara a intentar minar las políticas del Consell de izquierdas.
Educación
De la concertada al plurilingüismo
Los cambios que el conseller Vicent Marzà, de Compromís, está intentando aplicar al sistema educativo -singularmente la ordenación de las plazas de enseñanza concertada y el decreto de plurilingüismo- se han convertido en un foco de conflicto con determinados grupos del sector educativo. En València y en Castellón la polémica ha generado menos ruído pero en Alicante sí se ha originado contestación. Las medidas a favor de la normalización del valenciano en la administración y, más allá de eso, el decreto de plurilingüismo -recurrido por la Diputación y suspendido cautelarmente por el TSJ- vinculando la mejora del inglés al incremento de las horas de clase en valenciano en las escuelas ha escocido, fundamentalmente, en comarcas castellanoparlantes como la Vega Baja, una zona con gran volumen de población y en la que el PP conserva un enorme poder institucional. Y los recortes en la concertada han tenido como epicentro la ciudad de Alicante pero con una repercusión en toda la provincia. Es cierto que, en las últimas semanas, el conseller Vicent Marzà ha intentado, aunque sin tocar ni un ápice el fondo de sus decisiones, dar un giro a la estrategia desplegada hasta ahora.
Ha desplegado un tono más moderado en las formas, ha bajado a la provincia -en la que estaba inédito- a hacer pedagogía de sus políticas y a explicar su labor e, incluso, ha «suavizado» en parte el tijeretazo a la educación concertada. Pese a todo, la polémica educativa y con el uso del valenciano continúa alimentando un caldo de cultivo con repercusión en Alicante y que, además, le está sirviendo al PP -aún bajo los efectos de los casos de corrupción- para sumar munición con la que disparar en dirección al Pacte del Botànic. Y con más intensidad contra la gestión de Compromís y la vicepresidenta Oltra.
Conflicto
La guerra institucional Diputación-Generalitat
La relación entre la Diputación de Alicante y la Generalitat se ha convertido en una batalla campal. A diferencia de la corporación privincial de Castellón, la otra gran institución que le resta al PP y que sí se ha entrado en la senda de la negociación con la Generalitat, la institución alicantina -presidida por César Sánchez- ha optado por una confrontación absoluta con la Generalitat. Una estrategia aplaudida desde la cúpula provincial popular que dirige José Císcar y jaleada por un grupo de diputados provinciales encabezados por el vicepresidente Carlos Castillo. Hasta ahora, la Diputación ha frenado en los tribunales los decretos de la Generalitat para controlar la política turística de la corporación provincial al tiempo que ayer mismo logró la suspensión cautelar -aunque sin entrar en el fondo del asunto- del decreto de pluirilingüismo. Además ha rechazado sumarse al Fondo de Cooperación Municipal que promovió el Consell a pesar de haber dejado a los municipios de la provincia con la mitad de dinero que los de Valencia y Castellón. Todo eso ha desembocado en una incomunicación absoluta. A mitad de mandato, Puig aún no ha mantenido ni una reunión bilateral con César Sánchez, que de momento únicamente ha tenido contacto con la vicepresidenta Oltra.
Ayuntamientos
El deterioro de la vida municipal de Alicante
Entre los socios del Pacte del Botànic preocupa la inestabilidad municipal del Ayuntamiento de Alicante y el deterioro de la imagen que está sufriendo el gobierno local que comparten los socialistas, Guanyar y Compromís, el único de los grandes ejecutivos surgidos de los comicios locales de 2015 que cosecha un sonoro suspenso ciudadano, según las encuestas que se han realizado mediado el mandato
Debilidad Orgánica
Un golpe para Puig; un lastre para Oltra
Y para acabarlo de arreglar, los dos principales actores del gobierno del Botànic -el socialista Ximo Puig y Mónica Oltra, líder de Compromís- tienen que lidiar con las complicaciones internas de sus partidos. Los socialistas están metidos en una guerra que ha dejado en minoría al jefe del Consell durante la votación para elegir al nuevo jefe de Ferraz. Los «sanchistas» sacaron casi el doble de votos que Susana Díaz en la Comunidad, a la que respaldaba Puig. Aunque el presidente de la Generalitat, decidido a desligar este proceso de su figura, está dispuesto a seguir al frente del PSPV, lo cierto es que el grupo más crítico contra su labor se concentra en la provincia, donde incluso se está pidiendo abiertamente su relevo. También tiene un problema Compromís en Alicante. Y no menor. Los temas que afectan, precisamente, a las consellerias que gestionan condicionan aún más las posibilidades de la coalición de crecer en comarcas como la Vega Baja, una zona donde en 2015 el resultado fue muy inferior a la media; al tiempo que eleva el riesgo de estancarse o de perder apoyo, por ejemplo, en la ciudad de Alicante. Un lastre para Oltra en esta segunda mitad del mandato.
