El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido de forma cautelar el decreto de plurilingüismo del conseller de Educación, Vicent Marzà, a partir del recurso presentado por la Diputación de Alicante contra la nueva normativa y en el que solicitaba a su vez la paralización del decreto hasta que el tribunal resuelva.
Este anunciado ha sido realizado hoy por el presidente de la Diputación, César Sánchez, quien ha destacado que es un "triunfo de la Diputación en la defensa de los intereses de los intereses y la identidad de la provincia de Alicante".
"No se puede construir una sociedad mirando solo lo que nos separa", ha indicado Sánchez, "sino mirando lo que nos une y lo que tenemos en común, ni atacando la realidad sociológica de esta provincia, que es castellano hablante y valenciano hablante. No se puede atacar una lengua que es hablada por más de 500 millones de personas en el mundo".
En este sentido, ha propuesto al Gobierno valenciano "un pacto por la Educación". "En esta provincia es donde se han producido los mayores ataques y la opresión de un Consell que no habla, impone", ha recalcado.
El tribunal se pronuncia así exclusivamente sobre la solicitud de la medida cautelar de la Diputación y en ningún caso sobre el fondo del asunto.
Marzà
El conseller de Educación, por su parte, mantiene su postura firme en defensa del plurilingüismo y anuncia que el Consell va a recurrir ante el TSJ.
"Como no puede ser de otra manera y no es una sentencia firme, vamos a presentar un recurso porque no estamos de acuerdo. Tenemos toda la garantía de que el decreto esta fundamentado, y que tiene una base tan pedagógica como juridica, con el aval tanto del Consell Jurídic como de la abogacia y del propio Ministerio".
El conseller ha hcho un alegato por la "tranquilidad", asegurando que"todos los procesos seguirán tal y como están hasta ahora"
El auto
El auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre este decreto que establece el modelo lingüístico educativo valenciano para la enseñanza no universitaria esgrime, entre sus argumentos, que trata de evitar la posibilidad de que los alumnos vean "disminuidos" sus derechos en cuanto a los idiomas.
La decisión se produce tras el recurso presentado en su día por la Diputación de Alicante, presidida por el popular César Sánchez, y contra el mismo cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.
El auto judicial aclara que no entra "en el fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba".
De esta manera, insiste en que "cualquier declaración que haga la Sala en este auto sólo se refiere a la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante".
Tras ello, entre los fundamentos jurídicos, la Sala apunta que "es evidente que de no adoptarse la solución de paralizar la ejecutividad podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil", a lo que agrega que la suspensión no hace que el servicio público resulte afectado.
"Resulta evidente que, de no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas", manifiestan los magistrados antes de seguir que, pese a lo que alega el abogado de la Generalitat Valenciana, "existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado".
El alto tribunal también destaca entre el razonamiento jurídico utilizado que el recurso al decreto de plurilingüismo no lo presenta un particular o asociación de padres de alumnos sino una administración pública.
Para los magistrados, "no es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho" y, por ello, la Sala "tiene en consideración esta circunstancia".
"Por tanto, la Sala considera que debe prevalecer en este momento procesal" y "sin perjuicio de lo que se resuelva en su día en la sentencia" el interés "que defiende la Diputación Provincial de Alicante".
El presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, ha manifestado que "creo honestamente que el señor Puig y la señora Oltra viven en el pasado con debates decimonónicos y que no se han dado cuenta de que la sociedad valenciana ha avanzado y mira al futuro de otra manera", ha apuntado el popular, quien ha subrayado que "no se puede cambiar un modelo de sociedad a base de decretos, imposiciones, opresión y falta de libertad en menos de dos años".
Sánchez ha pedido valorar que la Comunitat Valenciana forme parte "de un país que habla el castellano, con más de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo, con la identidad que tenemos en nuestra tierra del valenciano y con la oportunidad que supone que el inglés sea una tercera lengua que abra oportunidades a nuestros jóvenes en un futuro cada vez más globalizado".
Los padres
Desde el Foro de padres por el derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos, los representantes de los centros tanto públicos como concertados que salieron a la calle el viernes pasado para reclamar precisamente que se retirara el decreto de plurilingïismo, celebran el auto del TSJ y piden al conseller un consenso real.
"Tanto el conseller Marzà como el president Puig deben aprender de esta crisis y gobernar para todos", señala Ramón López, por Covapa.
También reclaman un nuevo proceso de matriculación por entender que hay familias que habían decidido cambiar de centro por motivo el nivel de la lengua que se iba a impartir "y con este fallo cambian las reglas del juego", insiste López.
"El estatus para elegir centro ahora ya no es el mismo. Nos gustaría que ahora pusiera sobre la mesa un nuevo borrador a partir de expertos y con la participación de todos. Esto no va en contra de ningun alengua sino por la libertad de elección", conluye este portavoz.
