Dice el dicho que una cosa es la teoría y otra es la práctica y así ocurre con el valenciano en la Generalitat. Una mayoría (el 92%) del funcionariado asegura entender la lengua propia, un 57% sabe hablarla, un 80% leerla y cerca de un 46% escribir en valenciano. Ahora bien, la capacitación lingüística de los 15.000 empleados de la Administración tiene escaso reflejo en el día a día. Sólo el 13,2% de la producción escrita y el 12% de las comunicaciones orales de la Generalitat se hacen en valencià. Estos son resultados de una encuesta realizada por la Conselleria de Educación y Cultura y que ayer dieron a conocer el responsable de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y la directora de Función Pública, Eva Coscollà.

El estudio, basado en una muestra de 1.100 entrevistados, dibuja el contexto en el que deberá moverse el nuevo decreto sobre usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, una norma, que el bipartito se ha visto obligado jurídicamente a descafeinar, y que busca lograr que el valenciano sea la lengua de comunicación habitual. El decreto fue publicado ayer el Diario Oficial (DOGV) y entrará en vigor en seis meses.

Conscientes de que hay mucho camino por recorrer y que la plantilla de la Generalitat es el cauce para extender el uso del valenciano, Educación y Función Pública han lanzado un plan de choque para «activar» el valenciano en las conselleries. El llamado plan de acompañamiento lingüístico al personal de la Generalitat y que ha tenido en cuenta las opiniones de la plantilla se mueve en cinco ámbitos. Así, se proporcionará a los funcionarios un repositorio con modelos documentales, plantillas y glosarios temáticos para facilitar los trámites en valenciano. Se potenciarán los cursos de formación y se actualizará el traductor Salt. Entre las iniciativas novedosas, se incluye la atención lingüística a los funcionarios a través del teléfono o los chats para consultas o dudas y el asesoramiento personalizado a los empleados a través de coaching o entrenadores personales. Se contará también con voluntarios que ayuden a los empleados públicos a desenvolverse en valenciano.

Trenzano explicó que la conselleria no contará con recursos extraordinarios para este plan.

La encuesta, que no tiene en cuenta la realidad lingüística de los sanitarios (a los docentes ya se les exige el requisito), contiene algunos datos curiosos. Así, muestra como el personal de Transparencia, Justicia y Economía es el más preparado para comunicarse en valenciano y constata el fallo del sistema educativo. El 70% aprendió la lengua en cursillos y sólo un tercio en la escuela. El CSI·F anunció ayer que recurrirá el decreto de usos, norma que prepara el camino para la implantación del requisito para el acceso a la función pública.