El conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, ha anunciado hoy que la Generalitat financiará la formación lingüística en valenciano de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad, para favorecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Así lo ha manifestado Marzà en su comparecencia en Les Corts a petición de los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos para informar sobre el proyecto de decreto de la Oficina de Derechos Lingüísticos.
El conseller ha informado además de que la Delegación del Gobierno en la Comunitat ha comunicado a su Conselleria que no se podía hacer cargo de esta formación porque era "muy cara".
Los cursos, según fuentes de Educación, tendrán además en cuenta las necesidades específicas de estos cuerpos de seguridad, y se les ofrecerá también la formación en actitudes lingüísticas en valenciano, como ya se hace con la Policía Local.
El conseller ha señalado que esta oficina supondrá un "progreso", que surge ante la necesidad de que los poderes públicos "garanticen" el uso de las dos lenguas cooficiales en organismos públicos, como la justicia, sanidad, medios de comunicación y Administración, que evite un trato "desigual" ante los casos registrados en la Comunitat, como exige también la Unión Europea.
La nueva oficina, ha precisado, pondrá a disposición de los ciudadanos un acompañamiento de mediación para los reclamantes que hayan sido discriminados por el uso de la lengua; arbitrará mecanismos de colaboración con la Administración, y ofrecerá asesoramiento y recursos para las empresas y entidades que sean objeto de reclamación.
Asimismo, la oficina actuará de oficio ante la vulneración de los derechos de una persona al uso de las lenguas cooficiales, comunicará las medidas para rectificar, presentará un informe anual sobre reclamaciones y sugerencias y creará equipos de trabajo en normativa de derechos lingüísticos.
Esta oficina nace, según Marzà, de la "falta de garantías y el trato desigual" al uso del valenciano, una lengua a su juicio "minoritaria" en este momento en la Comunitat y que necesita tanto una "especial protección" como devolver a la normalidad su utilización.
La diputada del PP María José Ferrer ha manifestado que el Estatuto de Autonomía y la Constitución son ya herramientas para garantizar los derechos de la ciudadanía y "corregir las anomalías" en el uso de las lenguas, por lo que ha cuestionado la necesidad de crear esta oficina, y ha manifestado que es un decreto "ideológico y de imposición".
Por parte de Ciudadanos, Mercedes Ventura ha señalado que en el Síndic de Greuges solo se han presentado en el último año 82 quejas por discriminación en el uso de la lengua, "frente a las 5.000 quejas en materia educativa", y ha cuestionado también la necesidad de la oficina.
El grupo parlamentario del PSPV ha defendido que este decreto "garantiza" los derechos de la ciudadanía al uso de las lenguas cooficiales, mientras que para Compromís es además "un derecho individual e inalienable", y Podemos ha lamentado que el valenciano haya sido una lengua "minusvalorada".
