«Los ciudadanos nos han pedido atención preferente a las personas y a sus problemas y también una lucha radical contra la corrupción y por la transparencia». La frase está extraída del discurso de investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat hace casi dos años, una jornada que abrió un tiempo nuevo tras 20 años de amplísimas mayorías del PP.
La cita encierra los dos ejes clave de la política del Consell de PSPV y Compromís en este bienio: la recuperación o ampliación de derechos sociales y la regeneración política, y sobre ellos ha girado también el grueso de la actividad legislativa, con leyes con un marcado sello social o en favor de una mayor transparencia de las cuestiones públicas.
La recuperación de la universalidad de la sanidad pública, la eliminación de copagos farmacéuticos a mayores y en residencias o el desbloqueo parcial de ayudas a la dependencia iniciaron el giro social en el otoño de 2015. La gratuidad de los libros de texto a través de la red Xarxa Llibres también llegó en el primer año, pese a que su implantación generó problemas y también han encontrado su paraguas legislativo la ley de Función Social de la Vivienda, que busca frenar desahucios, que prevé sanciones a entidades con pisos vacíos e incluso el embargo del uso y que el Gobierno considera inconstitucional en parte.
También ha salido de las Cortes en este bienio progresista la ley de pobreza energética, ésta con el sello de Podemos, para intentar proteger a los ciudadanos con menos recursos de los cortes de agua, luz o gas.
Contestación social
Pero la moneda tiene su reverso. Las políticas del cambio también han generado contestación social, sobre todo las relacionadas con la educación o la política lingüística, tanto en las aulas como en la Administración. Que el valenciano vaya a convertirse en lengua principal genera rechazo especialmente en comarcas castellanohablantes. Hace 20 días, la modificación de conciertos educativos sacó a la calle a miles de personas, en protesta por la supresión de líneas concertadas que se han mantenido durante años.
La anunciada reversión del modelo de sanidad público-privado para la primavera (marzo de 2018) ha generado un pulso público entre la multinacional Ribera Salud y el Consell. Un conflicto que ha derivado en controversia social en la comarca de la Ribera, donde jamás antes hubo hospital público, que lleva 20 años bajo el modelo abanderado por el PP y donde el temor a la pérdida de puestos de trabajo o prestaciones sanitarias genera incertidumbre, por mucho que el Consell asegure que los cambios serán a mejor.
Además, leyes como la de identidad de género han otorgado derechos a colectivos históricamente olvidados, en este caso con el reconocimiento de la identidad de género sentida. También tuvieron reparación moral las víctimas del metro, que intervinieron por primera vez en un pleno de las Cortes Valencianas.
La actividad parlamentaria, tan intensa que las iniciativas presentadas en dos años superan ya a las de toda la legislatura anterior, también ha permitido impulsar normas en favor de la transparencia en la gestión pública.
La ley de cuentas abiertas, en plena implantación, y que permite a los ciudadanos conocer saldos y movimientos de las consellerias, es una de ellas. Pero en el ecuador de la legislatura muchas de las aspiraciones del Consell están todavía lejos de concretarse. Por completar está la ley de paridad en los órganos estatutarios, el desarrollo de la norma contra las puertas giratorias, con una oficina de control de conflictos de intereses de altos cargos, o la creación de una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, cuya elección de director llegará al pleno esta próxima semana.
En la cocina están también la nueva ley de memoria democrática o la de cooperación, tras el descalabro que para las ayudas internacionales supuso el periodo de gestión del encarcelado Rafael Blasco.
Pendiente está también la reforma de la Ley Electoral que el tripartito y Ciudadanos quieren reformar para que sea más representativa y permita que formaciones políticas con más del tres por ciento de votos (provinciales o autonómicos es uno de los puntos de fricción) tengan representación en las Cortes.
También está pendiente la reforma de la Función Pública, que ha tenido como principal escollo el conflicto de PSPV y Compromís en torno al requisito lingüístico. Igual que la regulación del sector público, un monstruo heredado, una administración paralela con más de cinco mil interinos que nunca han pasado una oposición, y en la que el Consell aún no ha puesto orden tras dos años. En el tintero queda también la ley de Renta Garantizada de Ciudadanía o la Agencia Tributaria propia.
El cambio de modelo económico, otra de las aspiraciones, queda tan lejano como cuando el actual Consell asumió el poder y la reivindicación permanente a Madrid no da frutos. La reforma de la financiación prospera con lentitud y aunque la rebaja del déficit, sin alcanzar aún los índices impuestos por la UE y el Gobierno, ha coincidido con la mejora económica para dar un respiro, la suficiencia económica de la Generalitat aún está muy lejos.
