El portavoz de Podemos en las Cortes, Antonio Montiel, socio parlamentario del Gobierno del Botànic, reprochó ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a 24 horas de celebrarse el congreso autonómico de la formación morada, que en algunas de las licitaciones que la Generalitat ha sacado para la contratación de servicios no se exijan cláusulas sociales ni de responsabilidad social a las empresas que concurren. «Se puede ser suficientemente valiente, se pueden cumplir los compromisos del Acord del Botànic», sostuvo. En su opinión, «surge la duda de que existe esa voluntad» respecto a las exigencias a las empresas sobre la prohibición de contar con delegaciones en paraísos fiscales. «Nos hace pensar que se va a estar por debajo de las recomendaciones de expertos internacionales y de la ciudadanía», lamentó Montiel.

Puig contesto que el Gobierno «tiene la voluntad política máxima de llegar hasta donde pueda» en la lucha contra la evasión de impuestos, y precisó que algunos de los criterios de adjudicación de contratos a los que se refirió Montiel «no se han cambiado porque venían del gobierno anterior». También el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, señaló que la ley estatal sobre contratación pública «establece unas limitaciones claras» a la futura norma valenciana, por lo que «todos los avatares que se han ido produciendo en la elaboración de la ley, que son preceptivos a la hora de elaborar el proyecto, han hecho que hayamos tenido que matizar algunas cosas».

La síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, también lamentó que «en muchas ocasiones» la transparencia que se percibe por parte del Consell es «invisible». «Su política se limita a hacer titulares y eslóganes», criticó la diputada, recién estrenada como Síndic de la formación naranja.